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La Policía Nacional ha desarticulado en la denominada
“Operación Tigre” la mayor red dedicada a la entrada
irregular en Melilla de inmigrantes argelinos, con un total
de doce detenciones. A este respecto hay que destacar que el
delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, informó durante el
transcurso de la jornada de ayer martes en una rueda de
prensa del desarrollo de esta operación, cuya investigación
se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos ocho
meses.
La totalidad de los detenidos son de nacionalidad marroquí y
argelina, ocho de los cuales son hombres y cuatro mujeres.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Melilla ha sido el encargado de supervisar la operación,
cuya fase de explotación se ha venido desarrollando desde
enero hasta la pasada semana, que concluyó con cuatro
detenciones, entre ellas las de los tres presuntos
cabecillas.
Según el delegado del Gobierno, la red contaba con una
importante jerarquización y actuaba tanto en la frontera de
Melilla con Marruecos como en la frontera de Argelia.
El ‘modus operandi’ se basaba en la captación de posibles
víctimas en ciudades argelinas, que eran trasladadas hasta
la localidad marroquí de Nador, a escasos kilómetros de
Melilla.
Allí la red daba a los argelinos documentación falsa con la
que cruzaban la frontera, aprovechando siempre los momentos
de mayor aglomeración.
Las personas a las que suministraban la documentación eran
en su mayoría familias, matrimonios con hijos que pretendían
llegar a Melilla, ciudad en la que aspiraban alegar
circunstancias humanitarias para conseguir su
regularización.
Se calcula que la red es la responsable de la entrada en la
ciudad autónoma de unas 200 personas, lo que supone el 85
por ciento de los argelinos que han accedido a Melilla en el
último año.
Durante la operación se han realizado numerosos registros,
entre ellos dos en el propio Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI), donde se obtuvo importante
documentación.
Por su parte, el jefe superior de Policía, Juan Manuel
Calleja, ha resaltado que las familias que compraban la
documentación, que luego una vez en Melilla devolvían a la
red, han tenido que pagar importantes cantidades de dinero,
que en algunos casos les obligaba a hipotecar sus bienes.
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operación
