En el Grupo Socialista están convencidos de que el Gobierno
de la Ciudad "no tiene intención de poner luz y taquígrafo"
al informe del Tribunal de Cuentas. Sólo así se explica la
diputada local que se haya denegado la celebración de un
pleno monográfico sobre este informe, a pesar de que el
decálogo de buenas prácticas del PP recoja la necesidad de
que la oposición intervenga en aquellos lugares donde los
populares gobiernen para, así, dotar a todas las actuaciones
de una mayor transparencia.
La diputada del Grupo Socialista, Mari Paz Ojeda, aseguró
que el Gobierno de la Ciudad "no tiene intención de poner
luz y taquígrafo" al informe del Tribunal de Cuentas para
que, así, el consejero de Hacienda, Guillermo Frías, "tenga
coartada para defender la buena gestión económica del
Ejecutivo local", de las que, según Ojeda, el propio Frías
afirma que "son las cuentas mejor llevadas de España".
En rueda de prensa, la diputada local se refirió al decálogo
de buenas prácticas del Partido Popular (PP), un documento
en el que se recoge que, para tener una mayor transparencia,
se permita la intervención de la oposición en órganos -como
la Mesa de Contratación- en aquellas regiones donde los
populares gobiernen.
Al hilo, Ojeda recordó que su partido planteó celebrar un
pleno monográfico para poder debatir sobre las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Sin embargo,
después de que el Gobierno de la Ciudad no contestara en
Pleno a esta cuestión, el Grupo Socialista "se vio en la
obligación" de proponer esta sesión plenaria por escrito. La
respuesta ha sido negativa.
Informe
En este sentido, la socialista melillense señaló que el
Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve que, en las ayudas
a las empresas generadoras de empleo, la convocatoria
pública del Ejecutivo local "ha contravenido los principios
de publicidad y concurrencia".
"El Tribunal de Cuentas indica que la Ciudad genera ayudas
de forma oscura, con poca transparencia", recalcó Ojeda, que
hizo hincapié en que éste es uno de los puntos del decálogo
de buenas prácticas de los populares.
Asimismo, argumentó la diputada que este informe manifiesta
que, en dichas ayudas, el Gobierno autónomo no tiene
establecido un procedimiento de verificación física de las
intervenciones financiadas ni del cumplimiento del
compromiso de mantenimiento, tanto de los activos fijos como
del empleo creado durante el periodo de cinco años al que
están sujetas las empresas beneficiadas.
Mari Paz Ojeda también se refirió a que el informe del
Tribunal de Cuentas recoge que en las actas de la Mesa de
Contratación "no consta por escrito la invitación a las
empresas que concurren". Este hecho, en opinión de la
diputada socialista, demuestra "opacidad a la hora de
adjudicar los contratos públicos".
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