La representante de a Comunidad Autónoma de Canarias, Josefa
Martín, expuso la problemática suscitada en la región ante
el maltrato infantil debido a la separación existente entre
las siete islas, “lo que dificulta la implantación de
cualquier iniciativa”.
Martín, además, lamentó el que ningún cabildo hubiera
asumido su competencia en el protocolo creado por los
Servicios Sociales para la prevención y detección en la
vulneración de los derechos del niño, insistiendo en la
“obligatoriedad de la familia y del propio ayuntamiento de
colaborar ante situaciones de riesgo”, apostilló.
Según manifestó la experta, el modelo canario comenzó su
andadura en 2002 “esclareciendo conceptos y límites
existentes entre el pre-riesgo, el riesgo y el desamparo”
aunque dos años más tarde continuaría “el desconocimiento
real de los malos tratos en la comunidad”, continuó.
Sería entre 2006 y 2008 cuando se establecerían las putas de
los protocolos frente al maltrato en Canarias. “Elaboramos
el manual de buenas prácticas para garantizar la calidad de
los servicios prestados a las familias y primaron los
Servicios Sociales, que en diciembre concretaron la
actuación en cinco pasos: detección y notificación,
valoración, investigación y actuación”, concluyó Josefa
Martín, la representante canaria.
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