El caso de las obras ilegales llevadas a cabo en las 225 VPO
de Emvicesa en Loma Colmenar días después de su entrega y
dado a conocer ayer por El Pueblo, ha movido a la Ciudad a
anunciar su disposición a llegar “hasta el extremo en la
aplicación de las medidas previstas en la legislación”,
incluida la posibilidad de retirar la condición de
adjudicatario.
El caso de los vecinos de la nueva promoción de viviendas de
protección oficial (VPO) de Loma Colmenar que a los pocos
días de entregrárseles los pisos han comenzado a realizar
obras ilegales movió ayer al Gobierno de la Ciudad a emitir
un comunicado en el que señala que “llegará hasta el extremo
en la aplicación de las medidas previstas en la legislación
sobre vivienda protegida, que incluyen en algunos casos la
posibilidad de retirar la condición de adjudicatario”.
La situación, hecha pública por EL PUEBLO en su edición de
ayer, fue detectada por su parte por la Policía Local. Según
se resaltaba ayer en el comunicado, fue una patrulla la que
el pasado martes comprobó la práctica de estas actuaciones.
Los agentes, adscritos al 092, elevaron informe a sus
superiores para dar cuenta de ellas y abrir los preceptivos
expedientes “al carecer de licencia” las obras.
Con las actuaciones administrativas iniciadas, la Policía
Local y personal de Emvicesa tenían previsto desplazarse
ayer hasta la promoción para “emplazar a los propietarios de
las casas a que devuelvan al inmueble el aspecto original en
los próximos días”. En caso contrario, a principios de la
próxima semana la Ciudad procederá a eliminar los elementos
colocados por los adjudicatarios, entre los que se
encuentran vallas y muros, según reflejaron los agentes del
Cuerpo municipal en el informe que realizaron y que incluía
fotografías.
Tal como informaba este diario, la promoción de VPO
construida y entregada por Emvicesa a familias desalojadas
de bolsas de infravivienda como las Caracolas, se encuenta
apenas una semana después de su estreno plagada de obras que
han comenzado a desdibujar la fisonomía de sus fachadas y a
ocupar los espacios comunes.
Entre las “reformas” acometidas por los adjudicatarios están
el tapiado de balcones o la conversión de otros en ventanas.
También se han colocado tendederos de ropa en los exteriores
de las viviendas, antenas parabólicas con los cables
colgando separados de las fachadas. Por toda la urbanización
eran visibles montones de material de obra, tanto nuevos
como producto de derribos.
En esta promoción, la Ciudad ha invertido unos 23 millones
de euros.
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Vivas dice que no se permitirá este tipo de actuaciones
El presidente de la Ciudad, Juan
Jesús Vivas, reconocía ayer en declaraciones a este medio la
“dificultades” que conlleva el procedimiento abierto para
atajar las obras ilegales detectadas en las 225 VPO con el
comportamiento de algunos de sus adjudicatarios. No
obstante, señaló que el Ejecutivo no permitirá que este tipo
de comportamiento se extienda y explicó que la Policía Local
documentará todas las anomalías que se detecten en estos
domicilios, incluyendo la aportación de fotografías, para
proceder a la incoación de las denuncias pertinentes.
El presidente manifestó asimismo la voluntad de la Ciudad de
lograr la restitución de los elementos que han sido
modificados en los edificios, entre los cuales destacan
balcones.
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