El ministro de trabajo, Celestino
Corbacho, instó a los partidos integrantes del Pacto de
Toledo a que debatan y reflexionen sobre el actual periodo
de cálculo de pensiones. También ha propuesto “periodos
amplios transitorios de aplicación” para el retraso a los 67
años de la edad de jubilación, y achacó a la demografía, y
no a la crisis o a las presiones del exterior, la necesidad
de acometer la reforma del sistema.
Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO, salieron a la
calle en manifestación para que el Gobierno no reforme las
pensiones, ya que piensan que el actual sistema de pensiones
está en peligro. Toxo tildó de “tremendo error” del Gobierno
haber mezclado el plan de austeridad de la Administración
con el futuro de las prestaciones por jubilación.
Uno que es así, no de más carnes, sesenta y seis kilos en
canal, quiere prestar su colaboración para el asunto que
propone el ministro, manteniendo la edad de la jubilación a
los sesenta y cinco años, sin tener que modificarla a igual
que los años necesarios de cotización. O sea, con claridad
meridiana, sin modificar nada de nada.
Todos, sin faltar nadie al cita, debemos de cumplir con los
requisitos necesarios. Pero todos. Si cualquier ciudadano
debe cotizar durante 35 años para cobrar la pensión máxima,
de la misma manera deben de cotizar, esos años, un ministro,
un diputado o un secretario de Estado y no bastarle con
siete años para pode disfrutar de la jubilación más alta.
De la misma manera que todos los contribuyentes deben
tributar por el hecho de recibir unos ingresos, pero, aún
así, un tercio de los cargos políticos, no está sujeto al
IRPF porque se considera como indemnización para gastos de
su cargo. Todos ellos, a igual que cualquier ciudadano no
deberían de estar sujeto a estas indemnizaciones.
Al parecer, según dicen los entendidos, los altos cargos
gozan del privilegio de poder percibir entre dos y tres
pensiones del erario público, mientras el resto de los
ciudadanos de a píe, trabajadores en general, no podrán
recibir nunca más de una.
Resumiendo, señor ministro, creo que mi idea no es tan mala
como parece, sólo se trata de no quebrantar el principio de
equidad. Para ello basta que todos, pero todos, tengamos que
cotizar los quince años reglamentarios, no estar exentos de
un tercio de IRPF y cobrar una sola pensión de jubilación.
Cosa fácil de llevar a cabo y por la que nos ahorraríamos
una buena pasta que, por supuesto, iría en beneficio de
todos.
La pregunta del millón es, simple y llanamente: ¿quién le
pone el cascabel al gato?. Aunque la cosa resulta de los más
sencillo del mundo mundial, todos iguales, cotizando los
mismos años y sin privilegios alguno cotizando por el IRPF
y, por supuesto, sin que nadie, absolutamente nadie, puede
cobrar dos o tres pensiones a cargo del erario público,
mientras a la viuda de un trabajador, a pesar de que ella
haya cotizado durante los años correspondientes, tenga que
decidir, cuando más falta le hace, por la pensión suya o por
lo que le queda de viudedad. Ahí queda eso.
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