El debate de la propuesta de aprobación inicial de la
Memoria y Estatutos de la Gerencia de Urbanismo (GIUCE), que
salió adelante con los 19 votos a favor del Grupo Popular,
tres en contra de UDCE y PSOE y la abstención de IU, se
centró en la posibilidad de que genere un gasto adicional y
en la asunción de las funciones relativas a las obras que
lleva a cabo la empresa pública del Agua, Acemsa, que serán
“dirigir, seguir y controlar” las mismas, y cuyo personal,
aclaró, no pasará a la Gerencia.
El consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, apoyado en sus
argumentos por el presidente de la Asamblea, Juan Jesús
Vivas, reiteró ayer en el pleno en relación con la propuesta
de creación de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo (GIECE),
que la iniciativa no supondrá un gasto adicional a las arcas
públicas, algo que ya argumentó cuando el Gobierno anunció,
hace unos meses, la iniciativa.
Funciones de Acemsa
Por otra parte, y ante las dudas planteadas por la
oposición, aclaró que el nuevo organismo autónomo no va
absorber al personal de la empresa municipal del agua,
Acemsa, y que entre las competencias de esta en materia de
obras que va a asumir como parte de sus funciones, según los
estatutos aprobados ayer inicialmente, no se encuentra la de
“contratar” las mismas, sino las de “dirigirlas, seguirlas y
controlarlas”. Se trata, puntualizó, de una “extinción
parcial de unas funciones de Acemsa”. La propuesta de
aprobación inicial de la Memoria y los Estatutos de la GIUCE
recibieron el visto bueno del pleno con los 19 votos a favor
del Grupo Popular, 3 en contra de UDCE y PSOE y la
abstención de IU.
En la presentación de su propuesta, Doncel argumentó que el
objetivo de la constitución de este organismo es lograr “una
mayor racionalización, agilidad y eficacia en la gestión”,
así como una “especialización técnica y simplificación
administrativa” en materia de planeamiento y urbanismo. Todo
ello se realizará, afirmó, sin que suponga un gasto extra,
pues la iniciativa “se ajusta al plan de austeridad y
contención del gasto aprobado el pasado año” y su personal
“proviene de la plantilla de la Ciudad”. Para esta plantilla
se ha contemplado, indicó el responsable de Fomento, una
estimación de gasto de unos 635.000 euros semestrales,
“ligeramente inferior al de los servicios prestados en la
actualidad directamente por la Consejería”.
El portavoz de UDCE, Mohamed Alí, comenzó su turno de
palabra asegurando que la constitución de este organismo
representa “empezar la casa por el tejado”, y ofreciendo al
consejero el apoyo de su grupo en caso de que quisiera
“reclamar las competencias que se retiraron a la Ciudad en
época del GIL”, que le corresponden, dijo, por estar
recogidas en el Estatuto de Autonomía.
Además, afirmó que el Ejecutivo no tiene modo de garantizar
que en un futuro, “cuando los sindicatos negocien el
convenio” del nuevo organismo autónomo, no se producirá un
incremento de los costes de la plantilla. En tercer lugar,
señaló Alí que el hecho de absorber personal de otros
servicios y empresas municipales puede suponer, “como en el
caso de otros organismos autónomos”, una “funcionarización
encubierta”.
Competencias
Para la portavoz del PSOE, Inmaculada Ramírez, tampoco es el
“momento” de crear este organismo “partiendo de la base de
que no tenemos competencias”. Por otra parte, pidió al
consejero un “compromiso” de que la GIUCE no supondrá “un
aumento de los costes estructurales”.
Doncel replicó que el debate competencial es distinto de
este asunto y tras recalcar que “la potestad del
planeamiento urbanístico es de la Ciudad, no del Estado”,
afirmó que este momento de “fluidez” en las relaciones con
la Administración General del Estado (AGE) no es el
apropiado para reclamar unas competencias que no están
retiradas, aclaró, sino “limitadas”.
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