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El Sistema de Pensiones es un elemento esencial de nuestro
modelo de protección social, especialmente para los
trabajadores. Para ellos, una vez termina su vida laboral,
la principal o única fuente de ingresos es la pensión. Su
mantenimiento y refuerzo son objetivos preferentes para las
organizaciones sindicales, representantes legítimos de los
trabajadores también cuando cesan en la actividad laboral y
acceden a pensiones derivadas de aquella. También para una
sociedad que, además de atender dignamente a sus mayores,
debe entender que reforzar la capacidad de demanda de bienes
y servicios de un porcentaje creciente de la población,
tiene beneficiosos efectos sobre la demanda interna y el
empleo.
La Seguridad Social presenta un superávit de 8.500 millones
de euros en 2009. La previsión para 2010 es de 2.700
millones pese a los más de dos años de profunda crisis por
la que atravesamos. Por su parte el Fondo de Reserva
alcanzará en breve 62.000 millones de euros de patrimonio.
Por todo ello, la salud financiera de las pensiones en el
corto y medio plazo está asegurada.
Lo anterior no impide tener en cuenta los retos que tenemos
en el largo plazo. Nuestra esperanza de vida es,
afortunadamente, creciente, lo que exige que las pensiones
deban pagarse durante más años. Y, además, el acceso a la
jubilación de generaciones más numerosas exigen que tengamos
que pagar más pensiones y durante más años.
Calcular el número de pensionistas en las próximas décadas
es sencillo y fiable, partimos de la población actual y de
su índice de supervivencia, datos que conocemos o estimamos
con bastante precisión. Sin embargo, la evolución del empleo
en España en las próximas décadas, su calidad y retribución
media; el incremento del Salario Mínimo Interprofesional
hasta alcanzar el objetivo compartido del 60% del salario
medio; la evolución de la tasa de actividad femenina, aún
más de 20 puntos porcentuales inferior a la masculina; la
edad de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, muy
tardía hoy contra la voluntad de ellos mismos; la evolución
del PIB; las tasas de natalidad y su relación con el
refuerzo de medidas de protección a la familia,
especialmente por hijos a cargo; la llegada continuada de
población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de
trabajo; son variables sobre las que debemos actuar y que
determinan también nuestra capacidad de financiación futura
de los sistemas de protección social.
Pactar las reformas
En lo inmediato podemos ya mejorar los ingresos del Sistema
en más de 7.000 millones de Euros anuales, reforzando
incluso su superávit coyuntural. Para ello, debe cumplirse
lo pactado en el Acuerdo de Pensiones de 2001 y dejar de
pagar con cotizaciones sociales los complementos hasta la
pensión mínima o dejar de asumir los gastos de estructura de
la propia Seguridad Social, financiándola como el resto de
servicios públicos.
En cuanto al gasto, debemos velar por seguir manteniendo el
control sobre su crecimiento, al tiempo que reforzamos los
niveles de protección de las personas que más lo necesitan
(las que se ven obligadas a abandonar el mercado de trabajo
en los últimos años de su vida laboral, las pensiones de
viudedad que son única renta, pensiones mínimas,…
CCOO es la única organización social que ha firmado todos
los acuerdos de pensiones hasta hoy. Cualquier reforma debe
partir del acuerdo social y político. El principal logro del
Pacto de Toledo fue sacar las pensiones de la confrontación
política y social, instaurando un mecanismo de reforma del
sistema desde consensos amplios. Por ello, hemos criticado
la forma y la oportunidad con las que el Gobierno ha
presentado sus propuestas.
Además, no compartimos la propuesta a la que el Gobierno
está dando mayor importancia. El retraso de la edad legal de
jubilación hasta los 67 años es una medida agresiva e
innecesaria. Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen
mecanismos, no traumáticos, que han tenido como efecto un
retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real
(se ha pasado de 62,87 años a 63,27 años en menos de cinco
años).
Desde CCOO apostamos por reforzar los mecanismos voluntarios
de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar
la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para
retrasarla, reforzando el incentivo -hoy aún pequeño-, para
las personas que deseen o precisen retrasar la edad de
jubilación. Este es un instrumento que goza de consenso
general y en el que se puede profundizar con intensidad.
Si bien el Sistema de Pensiones, como ya hemos visto, no se
encuentra en dificultades financieras en el corto y medio
plazo, las necesidades del largo plazo hacen necesario
mantener las cotizaciones sociales. Su reducción, como
proponen algunos, provocaría un debilitamiento financiero de
la Seguridad Social, con consecuencias en el futuro y
supondría una injustificada trasferencia de rentas de
trabajadores a beneficios empresariales, cuando el propio
documento del Gobierno reconoce que el esfuerzo en
cotizaciones se sitúa en la media de los países de nuestro
entorno y el agregado salarios y cotizaciones, es inferior
en España.
Finalmente, la mejor forma de proteger nuestro sistema de
pensiones contributivas es su autofinanciación desde las
cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolo en lo
posible al margen de las necesidades, oportunidad o
coyuntura económica-política en cada momento. El recurso a
otras fuentes de financiación debe ser, si resultase preciso
tras la aplicación del conjunto de medidas que proponemos,
puntual y con criterios de equidad sobre quién financia el
sistema.
*Secretario Confederal de Seguridad Social y Previsión
Social Complementaria de CCOO
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