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Los sindicatos con representación en la junta de personal
del Ingesa acordaron ayer por unanimidad elaborar un
documento en que el se pedirá la dimisión de los cargos del
Ingesa, “desde la directora general, Sara Pupato, hasta el
último miembro del equipo del director territorial, Jesús
Lopera”, por la negativa a abordar en mesa sectorial “la
falta de personal y el desmantelamiento de la Atención
Primaria”.
La temperatura vuelve a subir otro grado entre la plantilla
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en
Ceuta. La junta de personal, reunida ayer con carácter
extraordinario para analizar “la situación de la sanidad” en
la ciudad, acordó elaborar un documento en el que se pedirá
“la dimisión de todos los cargos del Ingesa”, desde la
directora general, Sara Pupato, hasta el último miembro del
equipo del director territorial, Jesús Lopera.
La presidenta de la junta de personal y delegada sindical de
Satse, Elisabeth Muñoz, explicó a EL PUEBLO que el documento
será entregado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio
de Sanidad y Política Social, dado que la Administración
“está obviando todos los acuerdos suscritos para pactar la
organización de los recursos humanos y la modificación de
las condiciones laborales” de la plantilla.
Los sindicatos con representación en la junta de personal
del Ingesa rechazan la convocatoria de la mesa sectorial que
ha realizado para marzo la directora general porque “sólo
pretende tratar aspectos de poca envergadura, como la acción
social”.
Así, lamentan que “a pesar del estado en que se encuentra la
sanidad en Ceuta”, Pupato parezca a negarse a tratar lo que
para los sindicatos constituye el talón de Aquiles de la red
asistencial: “la falta de personal y el desmantelamiento de
la Atención Primaria”.Los sindicatos entienden que los
directivos de Ingesa están “ignorando por completo” el
acuerdo publicado en el BOE número 159 del 3 de julio de
1992, “todavía vigente”, y el Estatuto Marco, que regula la
jornada laboral del personal sanitario.
El acuerdo publicado en El BOE establece que “la
Administración y los sindicatos convienen en la necesidad de
establecer una cierta estabilidad en la programación de la
actividad de los profesionales y para ello en cada centro de
gestión se negociará el establecimiento de turnos de trabajo
que permitan una adecuada cobertura de los servicios en
función de las cargas asistenciales, mejorando el sistema
actual de rotación y con una planificación a medio plazo
(seis meses) conocida por los trabajadores”. Y añade que
“los sistemas de turnos vigentes en la actualidad en las
instituciones sanitarias del Insalud sólo podrán ser
modificados” tras negociar con las centrales sindicales.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales también estipula
que los sindicatos deben ser informados de la modificación
de las condiciones de trabajo y las nuevas tecnologías.
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