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El pulso entre el Ingesa y la Asociación de Médicos de
Atención Primaria ha dado una nueva vuelta de tuerca,
después de que el presidente de este colectivo profesional,
Antonio Ferreras, haya denunciado la divulgación de su
nómina entre los facultativos de los centros de salud cuando
mantenía abierto su pleito con el Instituto Sanitario en
relación a la asignación de pacientes de quienes estaban
ausentes y no eran sustituidos.
El presidente de la Asociación de Médicos de Atención
Primaria, Antonio Ferreras, ha revelado a EL PUEBLO que ha
denunciado ante la Agencia de Protección de Datos la
difusión de su nómina durante el litigio que mantuvo con el
Ingesa por la asignación de pacientes de otros facultativos
que se encontraban de baja y no habían sido sustituidos.
Como se recordará, el pleito se saldó con la desestimación
por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
demanda del médico, alegando cuestiones procesales.
Según continuó exponiendo Ferreras, el Ingesa “se excedió”
cuando, como es obligado, difundió entre los médicos de los
centros de salud la demanda de este facultativo de Recinto,
pero además adjuntó su nómina y su Documento Nacional de
Identidad.
El presidente de la Asociación de Médicos de Primaria apuntó
que el asunto también ha sido puesto en manos del Juzgado de
Instrucción por infidelidad en la custodia de documentos.
Ferreras ha puntualizado que este es el único litigio que
mantiene abierto con el Ingesa porque ni llegó a recurrir ni
presentó ninguna segunda demanda en relación al aumento de
las ratios como consecuencia de “la falta de sustituciones”
en los centros de salud.Es decir, que Ferreras no se
encuentra entre los dieciséis médicos de familia que han
interpuesto nuevas demandas por la asignación de pacientes
de los facultativos ausentes.
Como explicó este periódico el pasado día 12, estas demandas
pretenden dejar sin efecto la resolución del 8 de octubre de
2009 de la Dirección de Atención Primaria, que introducía el
concepto de alta frecuentación.
Los demandantes argumentan que se utilizó la pandemia de
gripe A para asignarles más pacientes de los que
corresponden a su cupo, pues la normativa les obligaría a
ponerse a disposición de la Administración sanitaria en
situación de crisis, catástrofe o emergencia. Situación que,
finalmente, no se llegó a producir.
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