|
A preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno,
Gregorio Escobar, recordó que la pretensión de la Dirección
General de la Marina Mercante es contar con sedes de
carácter permanente donde se puedan desarrollar todos los
servicios de la Capitanía Marítima, posibilidad que permite
el inmueble en ruinas y no la opción de la Ciudad Autónoma.
El proyecto que existe para la Capitanía Marítima de Melilla
es reunir en una misma sede los recursos de este organismo
con los de Salvamento Marítimo, que suman entre los dos un
total de 13 funcionarios, además de material.
También se ha previsto crear una sala de crisis para que, en
los momentos en que sea necesaria una actuación de
emergencia, se establezca una sede en la que acoger el
aumento de dotación y, de este modo, “cumplir ese servicio
de la mejor manera en beneficio de todos los ciudadanos”.
Según Escobar, con este asunto “se está creando un debate
artificial”, y lamentó que “se están tergiversando las
cuestiones”.
De hecho, puntualizó que, cuando la Ciudad Autónoma llevó a
cabo la modificación del planeamiento urbanístico de la
zona, se conocía que allí había ubicada una dicho inmueble
en ruinas propiedad del Estado “para destinarlo a los
servicios que considerara más necesarios”.
También recordó que uno de los problemas de la
Administración central es encontrar “espacios adecuados”
para ubicar los servicios que presta a los ciudadanos, razón
por la que había varios ministerios interesados en que se
les cediera dicho inmueble de 300 metros cuadrados.
Por todo ello, el delegado del Gobierno consideró que la
oferta de la Ciudad Autónoma “no responde a la realidad de
los hechos, ni creo que sea beneficioso para el conjunto de
los ciudadanos”.
Servicios sociales
Por otra parte, Escobar aludió a la polémica que en los
últimos días se ha producido con la Ciudad Autónoma sobre la
subvención que concede el Estado para mantener varios
servicios sociales. El delegado del Gobierno aseguró que la
Tesorería General de la Seguridad Social abonó a la
Consejería de Bienestar Social más de dos millones de euros
a través de un convenio, pago que tuvo lugar el 19 de enero,
en contra de lo que mantiene la Ciudad.
|
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
