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El Colectivo de Empleados Públicos de Punta Blanca, tras el
levantamiento del secreto de Sumario impuesto en las
Diligencias seguidas en el Juzgado de Instrucción numero
Cuatro de Ceuta, en las que durante un año se han venido
investigando los hechos denunciados por D. JUAN LUIS
AROSTEGUI, y D. RAMON VALLE INCLAN MOREDA, así como por
otras tres personas, que en algún momento han tenido
relación laboral con este Centro, por los que se afirmaba la
practica de “torturas generalizas contra los menores
internados en este Centro” así como “la existencia de un
protocolo institucionalizado de malos tratos a los menores“
, una vez conocido los extremos que se han practicado en
dichas investigaciones Judiciales , consideran es nuestro
derecho hacer llegar a la opinión pública los siguientes
extremos:
1º.- Afirmamos que no existe en la actualidad en España
ningún Centro de Internamiento de menores, cuya actuación
haya sido mas exhaustivamente fiscalizada. Todas,
absolutamente todas, las medidas disciplinarias y de
contención practicadas en este Centro desde el año 2004
hasta la actualidad, han sido rigurosamente analizadas en
dichas diligencias previas, tanto por el Juez Instructor
como por el Ministerio Publico.
Se han revisado seis años de actuaciones y ha quedado
acreditado como absolutamente todas han quedado registradas
en los libros y partes , comunicadas legalmente y
posteriormente fiscalizadas en su día por el Juez y el
Fiscal de Menores, sin que se haya formalizado a estas
alturas contra este el colectivo de trabajadores petición de
responsabilidades penales. Las comparaciones con Abu Grahim
y Guantánamo han resultado no ya inapropiadas sino
absolutamente mendaces.
2º.- Este colectivo quiere manifestar y dejar constancia del
profundo pesar que sienten por el enorme daño que se ha
ocasionado a los menores que han seguido, o en la actualidad
continúan, en tratamiento en este Centro, con unas denuncias
y actuaciones que lejos de buscar el interés de los menores,
han sido utilizados para fines, cuya legitimidad, creemos
serán pronto analizadas en el procedimiento penal adecuado.
El daño que se ha ocasionado a la labor de rehabilitación y
prevención de los menores es difícilmente cuantificable.
El mismo rigor que se ha seguido en la investigación de la
actuaciones de este Colectivo será exigido en el análisis
judicial de las actuaciones de esas concretas cinco
personas, teniendo en cuenta los perjudicados últimos que
han resultado lastimados.
3º Dos de los denunciantes se han amparado en las siglas de
un Sindicato. Una organización cuya misión es la de velar y
proteger a los trabajadores, sean o no afiliados al mismo. Y
este colectivo de trabajadores se ha visto sometidos a la
horrible y denigrante imputación de ser considerados
torturadores a los ojos de sus familiares, de la opinión
pública, de los menores con los que trabajan y de ellos
mismos.
Ningún trabajador merece un hostigamiento público de tal
magnitud, ningún colectivo de esta Ciudad ha sido tratado de
forma tan infame e infamante tan gratuitamente y cuyo coste
para la salud de este colectivo no ha sido gratuito
Nuestra exigencia de responsabilidad contra esas dos
personas no solo la plantaremos en sede penal. Plantearemos
nuestra queja ante cuantos Organismos nacionales e
Internacionales sean pertinentes, para que se analicen los
límites del uso de las facultades que la representación
sindical confiere, cuando se contaminan con otros intereses.
4º.- Con respecto a los tres trabajadores que de una forma u
otra han tenido relación laboral con este Centro y que tan
activamente han participado en estos hechos, los motivos por
los que han actuado y sus declaraciones serán sin duda
conocidos pronto por la opinión pública.
Se ha hablado del uso de camisas de fuerza, un medio que
jamás ha existido en este Centro, de prácticas terroríficas
que jamás se han realizado.
En sede judicial alguno de ellos no solo se ha desdicho de
lo que en principio mantenían por haber sido privado de un
ascenso que creía merecer, sino que han llegado a afirmar
que lo que el Sr. Moreda y CCOO habían trasladado a la
opinión pública no se correspondía con lo que él había
contado. De todo ello, es nuestro firme convencimiento,
habrá que rendir cuenta.
5º.- Los denunciantes amparados en las siglas de una
Organización han hecho publica, su permanente intención de
personarse como Acusación Pública. El juzgado de Instrucción
número Cuatro ha estimado esta pretensión que aun no es
firme y será impugnada ante la Audiencia Provincial. No por
que temamos esta personación, sino por que consideramos que
no debe producirse bajo las siglas de esa Organización
Sindical. Debieran ser los concretos protagonistas quienes
asumieran la responsabilidad personal de esa acusación, que
también podrían ejercitar, con los mismos argumentos que
ahora defienden y asumir, sin cobijarse en unas siglas que
también representan a empleados de este Centro, las
consecuencias de sus actos.
Han dañado a los menores, los han utilizado hasta extremos
que por respeto a los mismo menores no queremos hacer
públicos, han cuestionado a los trabajadores de este Centro,
todo el Sistema de Menores en Ceuta ha sido criticado, han
reprochado la actuación del Fiscal, han “denunciado” a tres
jueces en el curso de este año. Solo ellos son los
abanderados de los más puros ideales.
Creemos que es hora de delimitar de manera personal las
concretas responsabilidades por sus actos.
6º Por ultimo manifestamos nuestra confianza en que quienes
tienes asumido por la Ley, la defensa de la legalidad y el
resarcimiento por los bienes que tan hondamente han sido
dañados repondrán la situación a sus justos términos.
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OPINIÓN
/
NOTA DE PRENSA
