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El testigo protegido, presentado por Aróstegui y Moreda,
ante el juez afirma en su declaración que “por parte de
Comisiones Obreras, se está dando una dimensión a esta
situación que no es la que mencionó” a Ramón Moreda. Así
consta en la toma de declaración de éste, quien además
señala –como así queda reflejado- que “no hay una situación
generalizada de torturas o maltrato a los menores”, aunque
se posiciona en contra de las medidas previstas en el
Reglamento de la Ley del Menor, pese a que es, como reconoce
en su testimonio ante Su Señoría, “en la que se basa el
personal”.
Los trabajadores de Punta Blanca, acusados por el secretario
general y por el secretario de organización del sindicato
CCOO, Juan Luis Aróstegui y Ramón Moreda, se han reafirmado
en la denuncia por ‘injurias, calumnias y denuncia falsa’ en
un documento firmado por todos los empleados del centro de
Reforma en el que piden que “afronten” la situación “sin
escudarse en las siglas sindicales”, después de que
–entienden- la denuncia pública de los sindicalistas,
calificando los métodos del reformatorio como propios de las
cárceles de Guantánamo y de Abu Ghraib, no se corresponden
con las declaraciones realizadas por los testimonios y las
han calificado de “mendaces”, fundamentalmente porque se
sienten protegidos porque “se han revisado seis años de
actuaciones y, como ha quedado acreditado, todas han quedado
registradas en libros y partes y posteriormente fiscalizadas
por el Juez y por el Fiscal de Menores, sin que a estas
alturas, se haya formalizado contra el colectivo petición de
responsabilidades”.
El testigo protegido, presentado por Aróstegui y Moreda,
ante el juez afirma en su declaración que “por parte de
Comisiones Obreras, se está dando una dimensión a esta
situación que no es la que mencionó” a Ramón Moreda. Así
consta en la toma de declaración de éste, quien además
señala –como así queda reflejado- que “no hay una situación
generalizada de torturas o maltrato a los menores”, aunque
se posiciona en contra de las medidas previstas en el
Reglamento de la Ley del Menor, pese a que es, como reconoce
en su testimonio ante Su Señoría, “en la que se basa el
personal”, junto al “reglamento de régimen interno adecuado
a dicha norma”.
Confirma el testimonio protegido, denominado ‘T-1’ en el
Sumario, que la conversación que mantuvo con Ramón Moreda
sobre este asunto duró pocos minutos, en ella, el testigo le
comentó que con su nueva posición en el interior del centro
podría cambiar algunas cosas que no le gustaban, como la de
la sujeción a las camas. Algo en lo que se mostró
especialmente interesado Moreda, reconoció ante el Juez.
En su declaración, informó además que recibió “varias
llamadas y mensajes de Ramón Moreda”, en las que le
informaba que habían puesto en conocimiento del fiscal el
asunto de los presuntos maltratos y que debía acudir a
declarar en Fiscalía. Ante las reiteradas llamadas, el
testigo protegido, llegó a contestarle a Moreda que no lo
“molestara más”.
Los menores “atados”
El secretario general de CCOO, como tal, acudió a Fiscalía
el 20 de enero de 2009 pero no pudo atestiguar, de forma
directa, los hechos que denunciaba. Eso sí, relacionó
nombres de personas vinculadas al sindicato que habían
podido contactar con los que refirieron estos hechos. En
realidad, reconoció que el único que habló con ellos “antes
de que se conocieran los hechos” fue un trabajador de Punta
Blanca (el testigo protegido). Más tarde, entraron en
contacto con el sindicado dos es vigilantes del centro de
Reforma. Llegó a manifestar Juan Luis Aróstegui, para rehuir
la pregunta del Fiscal sobre si tenía conocimiento de que un
niño de 13 años había estado atado a una cama, que estas
declaraciones “forman parte de un argumentario sobre la
necesidad que CCOO siente a la hora de presentar la denuncia
por estos, expresadas en un Congreso”.
Ante el fiscal, Aróstegui sólo pudo decir que conocía “de
referencias”, de terceros, los hechos sobre presuntos
malostratos.
Bajo las siglas sindicales
Los trabajadores de Punta Blanca critican abiertamente de
que tanto Aróstegui como Moreda “se han amparado en las
siglas de un sindicato cuya misión es la de velar y proteger
a los trabajadores” y, por el contrario, -indican- se han
visto sometidos “a la horrible y denigrante imputación de
ser considerados torturadores a los ojos de familiares y de
la opinión pública”, e insisten que “ningún trabajador
merece un hostigamiento de tal magnitud”.
Adelantan que la exigencia de responsabilidades contra
Aróstegui y Moreda no sólo se plantearán en sede penal, sino
que se elevarán quejas “a cuantos organismos nacionales e
internaciones sean pertinentes para que se analicen los
límites del uso de las facultades que la representación
confiere, cuando se contaminan con otros intereses”.
Los trabajadores entienden que ni Aróstegui ni Moreda
deberían personarse bajo las siglas de CCOO, porque
“debieran ser éstos protagonistas quienes asumieran la
responsabilidad personal de la acusación, sin cobijarse en
unas siglas que también representan a empleados del centro”,
y asuman “las consecuencias de sus actos”.
En el escrito público, los trabajadores aseguran que los dos
sindicalistas “han utilizado y dañado a los menores” y han
cuestionado a los empleados, al Sistema de Menores en Ceuta,
“han reprochado la actuación del Fiscal, han denunciado a
tres jueces” en la creencia de ser “abanderados de los más
puros ideales (…) y es hora de delimitar de manera personal
las concretas responsabilidades por sus actos”.
Los trabajadores del centro Punta Blanca muestran unidos su
más firme voluntad de que la Justicia haga su trabajo para
reponer la situación “en sus justos términos”.
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juicio
