El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor, aprobó ayer una modificación del
Código Técnico de la Edificación (CTE) que supone regular a
nivel estatal unas condiciones básicas de accesibilidad y de
uso de edificios que “eviten la discriminación de ciudadanos
con algún tipo de discapacidad a la hora de acceder y de
utilizar instalaciones, edificios o locales tanto públicos,
como privados”.
Según se informó desde el Ejecutivo, se trata de “establecer
un referente mínimo común de ámbito estatal que garantiza la
igualdad y la no discriminación de las personas que residen
en las diferentes comunidades autónomas”.
Ley de discapacidad
De este modo, las modificaciones que se incorporan al Código
Técnico de la Edificación se han elaborado según el mandato
de la Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (LIONDAU). Esta ley establece en su artículo
décimo y en su disposición adicional novena que el Gobierno
regularía unas condiciones básicas de accesibilidad sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y
corporaciones locales.
De este modo, el CTE, una normativa estatal “pionera y
referente internacional” que establece unas exigencias
necesarias sobre la eficiencia energética y la protección
frente al ruido en los edificios, se amplía y se enriquece,
incorporando una demanda de los colectivos de personas
discapacitadas. El CTE se aprobó en 2006 y su entrada en
vigor plena se produjo en 2009.
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