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El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha estimado las
alegaciones que le trasladó el Consejo Económico y Social (CES)
de Ceuta después de su primer pronunciamiento sobre las
condiciones en las que se presta el transporte marítimo en
la línea Ceuta-Algeciras-Ceuta y volverá a pedir
explicaciones al Estado al respecto.
La Oficina del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ya ha
iniciado “las actuaciones oportunas” para pedir argumentos y
explicaciones a la Delegación del Gobierno y a la Dirección
de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento para conocer
qué han hecho o dejado de hacer al objeto de mejorar las
condiciones en las que se presta el servicio de transporte
marítimo en la línea del Estrecho que une Ceuta con
Algeciras, especialmente en lo que se refiere al
cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato
de interés público.
El CES trasladó un informe sobre las deficiencias del
servicio y su carestía al Defensor hace un año que este
admitió a trámite en forma de queja. Posteriormente, y tras
recabar la versión que sobre el asunto tienen las distintas
instituciones, emitió un dictamen que al órgano que preside
Basilio Fernández le pareció laxo, por lo que aprovechó el
plazo de alegaciones que le concedió el Defensor para
hacerle llegar nueva información sobre el servicio,
fundamentalmente la relativa al presunto incumplimiento que
de algunos artículos del contrato de la línea de interés
público con el Estado estaría cometiendo la adjudicataria
del mismo, Acciona.
En la misma línea, el CES pidió a Enrique Múgica que no se
diera por satisfecho con las explicaciones de la
Administración General del Estado, que a su juicio escurrían
el bulto.
Según explicó ayer Fernández en declaraciones a este
periódico el Consejo tiene previsto remitir ahora al
Defensor un nuevo dossier informativo en el que llamará la
atención sobre la reciente investigación abierta por
Competencia sobre una presunta concertación de precios entre
las distintas compañías que operan en el Estrecho.
“Tanto esa decisión como el hecho de que el Ministerio de
Fomento y la Ciudad hayan decidido crear una Comisión
Bilateral específica para tratar este asunto demuestra,
desde nuestro punto de vista, que la razón está de nuestra
parte”, consideró el presidente del CES.
Con estas actuaciones el Consejo pretende que las
instituciones garanticen que los ciudadanos sean ““usuarios
y no prisioneros de un servicio que se presta en unas
condiciones incompatibles con la condición de servicio
público esencial que cumple”, según se denunció en la
presentación de la primera queja.
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