|
Márquez presentó ayer su plan para lidiar con el final de la
crisis, que se espera llegue este año. Por ello, antes de
que el Consejo de Política Fiscal y Financiera imponga a
Autonomías y Ayuntamientos medidas para gastar menos e
ingresar más él dio a conocer las suyas: menos tasas e
impuestos para alimentar al sector privado; más
Administración electrónica y menos papeleo; los tributos,
que se paguen antes, pero más fácilmente; la inspección
fiscal, reforzando la persecución del fraude; ordeñar el
Urbanismo con una Ordenanza específica y vender
aparcamientos y locales que en concesión, como ahora, quién
sabe por qué, no rinden nada al erario público.
El consejero de Hacienda, Francisco Márquez, presentó ayer
antes de que el documento llegue, hoy, a la Comisión
Especial de Cuentas, el ‘Plan de Maximización de Ingresos
Públicos y de Ajustes Fiscales 2010’, un documento que no
nace, quiso dejar claro, porque a la Ciudad se le hayan
desencajado los números de su Presupuesto de ingresos y
gastos apenas dos meses después (se cumplen el lunes) de
aprobarlo.
Según el consejero el texto responde a la necesidad de “dar
respuesta a la ineludible asunción de los principios y
medidas que se anuncian desde el Estado para las
Administraciones Autonómicas y Locales” que, aún sin
conocerse todavía, se supone que consistirán en
“condicionantes legales” para obligar a todo el sector
público a cuadrar sus cuentas incrementando ingresos
(elevando algunos impuestos y suprimiendo bonificaciones y
deducciones) y recortando gastos.
Contextualizado el Plan, Márquez se preció de las ventajosas
condiciones en las que Ceuta torea “la recesión más profunda
de la historia económica reciente”, con unas finanzas
públicas “suficientemente garantizadas”, un Presupuesto para
2010 “moderado y realista”, una carga financiera “que no
alcanza el 18%” y un déficit que sí está ya en los límites
de lo permitido pero que se ha destinado exclusivamente “a
inversión pública”.
Así las cosas y con “previsión” pero sin alertas, Márquez
desglosó las seis medidas que llevará al Pleno de la próxima
semana para encajar un “probable recorte” del gasto público
que exija el Consejo de Política Fiscal y Financiera o una
caída de los ingresos que se reciben del Estado.
De corte liberal, dos de las medidas del texto pasan por
suprimir impuestos que lastren la actividad económica del
pequeño comercio y el ciudadano. Así, Hacienda propone que
durante los dos próximos años los concesionarios de los
mercados sigan sin pagar la tasa correspondiente y derogar
la Ordenanza fiscal de la tasa por la prestación del
servicio de prevención y extinción de incendios. Tampoco
habrá que pagar nada por todos aquellos certificados que
puedan obtenerse a través de la página web de la Ciudad.
Una tercera medida pasa por establecer entre el 1 de marzo y
el 30 de junio el periodo voluntario de ingreso para los
tributos de liquidación anual y cobro periódico (IBI, sobre
Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, así como las tasas sobre las entradas de vehículos
a través de las aceras y vados y sobre la instalación de
quioscos en la vía pública).
La Ciudad ejecutará así su derecho a modificar el plazo
establecido en la Ley General Tributaria para el pago
voluntario, que abarca septiembre, octubre y hasta el 20 de
noviembre. El referido periodo que se establecerá en Ceuta
se prorrogará hasta el 30 de noviembre para quienes
soliciten el fraccionamiento de pago.
Gestión e Inspección fiscal
Facilitar el pago pero exigirlo. Los Planes de Gestión e
Inspección Fiscal para este año pretenden que nadie falte a
sus deberes. La Ciudad multiplicará sus esfuerzos para
“investigar los hechos imponibles no declarados por los
contribuyentes y comprobar la veracidad e integridad de lo
que estos han declarado”. El objetivo, explicaron fuentes de
toda solvencia, es que los ingresos de la Ciudad crezcan
entre 370.000 y 615.000 euros este año.
Otros 100.000 euros deberían salir de mejorar “la eficiencia
y eficacia” de los métodos recaudatorios de tributos propios
a través de la “revisión del padrón fiscal de la Tasa por
Prestación de Servicio de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos, en su apartado comercial e industrial”; de la
“actualización y revisión de los censos correspondientes a
los distintos alquileres titularidad de la Ciudad,
comprobando la realidad física de los mismos con la base
documental y jurídica que consta en la Administración” y de
la firma de un convenio de colaboración con el Catastro para
“identificar bienes inmuebles que registrados con errores”.
Por último en el ámbito fiscal se prevé aprobar
provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por la prestación de los servicios urbanísticos.
La parte del león en términos absolutos del aumento de
ingresos que se pretende saldrá, sin embargo, de lo que
Márquez denominó “obtener el máximo beneficio para el erario
público” de determinadas propiedades con el objetivo de que
la calidad de los servicios públicos de la Ciudad no merme
por la crisis y pueda seguirse invirtiendo como mecanismo “anticíclico”.
Casi cinco millones de euros es, según las fuentes
consultadas por este periódico, lo que podría obtener la
Ciudad, que también piensa recortar gasto corriente por vías
que Márquez no explicitó, desprendiéndose de 243 plazas de
garaje y 6.852 metros cuadrados de locales comerciales en el
Polígono (3,1 millones); de 176 plazas y 2.422 metros
comerciales en ‘El Coso’ de Bermudo Soriano (1,6); de 31
aparcamientos en la Plaza Mina (100.000 euros) y de 142
plazas en Azkárate (medio millón).
La Ciudad prevé ofrecer esas plazas a sus concesionarios
actuales. Quienes no quieran comprarlo deberán pagarlo que
le corresponde, algo que no se ha exigido hasta ahora.
|
Plan de Maximización de Ingresos
Públicos y de Ajustes Fiscales 2010
