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La preservación del patrimonio histórico requiere de la
estrecha cooperación entre las administraciones central y
autonómica. Este fue uno de los principales aspectos
resaltados ayer por los técnicos de las dos administraciones
que desarrollan estos vínculos, imprescindibles, aseguran,
para avanzar en la ingente labor de mantenimiento de estos
bienes.
“No se trata de una cuestión de competencias, sino de
cooperación”. Con esta reflexión resumían ayer los técnicos
de la Ciudad y el arquitecto del Instituto de Patrimonio
Cultural de España (IPCE) desplazado a la ciudad la
necesidad de que las dos administraciones, central y
autonómica, colaboren en lo concerniente a la preservación
de estos bienes. Como ejemplos de los vínculos que tienen la
responsabilidad de mantener, tanto el representante del IPCE,
Fernando Antón, como el arquitecto y el arqueólogo de la
Ciudad, Javier Arnáiz y Fernando Villada, pusieron los dos
proyectos que el primero vino a conocer y cuyo objetivo es
la rehabilitación de la catedral y de las Murallas Meriníes.
En ambos casos, las cuantiosas inversiones previstas
requieren de la ayuda financiera del Ministerio de Cultura.
En el caso de la seo, el Plan Director contempla actuaciones
por valor de 9,7 millones de euros y en el del Afrag
construido por los meriníes existe desde 2006 un informe de
‘Diagnosis y consolidaciones de urgencia’, redactado por la
empresa Yamur. El desarrollo de las intervenciones en los
restos de este recinto fortificado requería una inversión
superior a los 800.000 euros de los cuales la Ciudad ha
aportado ya unos 300.000, destinados a la restauración de la
Puerta de Fez y su entorno.
Villada explicó a Antón cómo muchas de las iniciativas
llevadas a cabo en este ámbito se han realizado en los
últimos años por la “tardía” atribución de parte de las
competencias en la materia a la Ciudad, a finales de los
años 90.
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patrimonio histórico
