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La única parte personada en la causa, la que representa a
los trabajadores, ha tenido ya acceso al sumario desde que
el pasado viernes se permitiera disponer del mismo. Fiscalía
puede solicitar más pruebas o formular escrito de acusación,
del mismo modo que la representación de los empleados. La
denuncia de malos tratos y torturas realizada por Aróstegui
quien no quiso aportar la fuente, y la posterior denuncia
del personal y de la Ciudad por injurias y denuncia falsa,
forman parte de la causa.
El titular del juzgado de primera instancia e instrucción
número 4 permitió, el pasado viernes, acceder ya al
voluminoso sumario de más de 1.200 folios, a las partes
personadas en el llamado ‘caso Punta Blanca’. Hasta ahora,
los únicos con acceso son los trabajadores a través de su
representación jurídica y son los que, junto con Fiscalía,
pueden solicitar nuevas pruebas, o sencillamente formular, a
partir de ahora, escrito de acusación contra las personas
que afirmaron que en Punta Blanca se ejercía la tortura, los
malos tratos y vejaciones ya institucionalizadas. Denuncias
públicas vertidas por Juan Luis Aróstegui en su día y por
Ramón Moreda, entre otros.
Los trabajadores y la Ciudad Autónoma saltaron como resortes
ante lo que consideraban una difamación. Llegó a compararse
las actuaciones en el interior de ‘Punta Blanca’ con
Guantánamo o Abu Ghraib.
Aróstegui, convocado por Su Señoría, no aportó las fuentes
de donde partían sus denuncias. Un requerimiento probatorio
imprescindible tanto para la Fiscalía como para el Juez.
La Ciudad Autónoma consideró en la denuncia, interpuesta
hace ahora un año, que el comportamiento de Aróstegui y
Moreda “puede ser constitutivo” de los delitos previstos en
el Código Penal de denuncia falsa [artículo 456] por
realizar el sindicato una denuncia ante un funcionario
público sin tener pruebas o indicios y posteriormente
difundirlo “con temerario desprecio a la verdad, o más bien
sin importar su verosimilitud, sin la más mínima
comprobación”. Igualmente opina que ambos pudieron incurrir
en otro delito de calumnias e injurias [artículos 205 y 208]
al obrar “con total desprecio a la verdad”.
En estos dos últimos casos el Ejecutivo de Vivas cree que
tendría el agravante de haber sido con publicidad, al
haberse difundido la noticia, creando, además, “una
injustificada alarma social entre los menores internados,
sus familiares y de la propia plantilla del centro”, que “de
la noche a la mañana se ve sometida al escrutinio
desconfiado de cualquier persona de buena fe a la que se le
traslada una acusación tan deleznable como la difundida por
los denunciados”.
Las reacciones de rechazo realizadas desde la Federación de
Servicios y Administraciones Públicas de CCOO y desde los
sindicatos UGT y CSI-CSIF y otros hechos como las bajas en
la afiliación a CCOO en Menores o las manifestaciones del
juez de Menores a EL PUEBLO, al que dijo que “nunca ha
tenido la más mínima sospecha” de que esté ocurriendo lo
denunciado por el sindicato, se incorporaron a la denuncia
“por constituir una reacción ‘airada y uniforme’, ‘difícil’
encontrar en Ceuta, y que no responde a otra cosa que no sea
‘la gravedad objetiva de los hechos denunciados y de su
falta de prueba, dato o indicio’ que lo sustente”, se
explicó desde la Ciudad.
Los trabajadores aguardan impacientes que los resultados
“hagan Justicia”.
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juicio
