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El Pacto de Toledo puso fin a un estado de inquietud, en
relación con las pensiones, al menos durante unos años.
Nuevamente reaparece esa inquietud en momentos en que una
profunda crisis económica agudiza idéntica sensación. Esto
ocurre por que un cálculo actuarial de tanta envergadura no
puede tener vigencia en el tiempo cuando las bases de
ponderación que se utilizaron entonces, han cambiando
sustancialmente hoy.
Un cálculo actuarial serio debe sustentarse en las curvas de
población y la de evolución de la esperanza de vida de ella.
El anuncio de un aumento del plazo de la edad para alcanzar
una pensión y con ello pretender corregir un problema de
tamaño calado suena a “remiendo” para cualquier técnico en
estas cuestiones y no consigue más que crear un ambiente de
malestar social mayor. Hace unas semanas mantenía estos
supuestos, con inequívoca rotundidad, una personalidad tan
indiscutida como la del profesor Barea , en un programa de
T.V.
¿Que es urgente?. Inaplazable debido a la fuerte caída de
los ingresos por el menor número de cotizantes, hoy en paro,
y unas perspectivas muy inciertas de que pueda corregirse la
tendencia a corto o medio plazo.
Pero pretendo agregar algo más.
Entiendo que a la hora de abordar el estudio para la reforma
del actual sistema, (Parece que toma cuerpo la idea de
renovar aquel Pacto mediante consenso político) debía
estudiarse también y complementarse aquél con un estudio
minucioso de los costes de gestión y administración. Está en
lo posible, también, encontrarse con alguna sorpresa
adicional.
Quizás pudiera ser excesivamente amplio hoy el margen
existente entre los ingresos y los compromisos de pago que
adquiere el actual sistema. Más claro, que el servicio se
realice a unos costes de administración excesivos y estos
pueden estar restando recursos para los fines específicos.
No estará de más, por tanto, un análisis minucioso de los
gastos de intermediación que realiza la Administración para
prestar este servicio, o lo que es lo mismo, un análisis
sobre su eficiencia. Una función óptima de costes evitaría
despilfarros que , en definitiva, redundarían en beneficio
de las propias prestaciones. (Especial énfasis requiere el
análisis de las inversiones en inmovilizado y otras
inversiones que obligan a elevadas amortizaciones, así como
plantillas , gastos de personal, etc.)
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OPINIÓN
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CARTAS AL DIRECTOR
