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La semana pasada, los españoles
tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación,
de una información que revela claramente la incapacidad del
Ejecutivo socialista que, al igual que ocurriera a mediados
de los años noventa, plantea una propuesta antisocial de
reforma del sistema de la Seguridad Social, al pretender
ampliar la edad de jubilación ordinaria desde los 65 a los
67 años. Medida argumentada en una supuesta incapacidad de
mantener el actual sistema nacional de pensiones a
consecuencia del envejecimiento de la población activa.
Información, precedida de la publicación en los medios de
comunicación de las últimas cifras aportadas por la Encuesta
de Población Activa para el primer mes del nuevo año,
indicando un aumentó en 124.890 personas, lo que supone
iniciar el año con una cifra de 4.048.493 de desempleados,
la mayor cifra desde 1996. Con este incremento, la tasa de
paro creció nueve décimas en los últimos tres meses del
ejercicio pasado, alcanzando en este primer mes del año el
21,66%. No obstante, según los datos facilitados por
importantes organismos internacionales, aún no hemos
alcanzado la cota máxima de unas cifras que evidencian la
incompetencia del Ejecutivo socialista.
Por tanto, resulta más que evidente, que el motivo que
justifica esta medida, es la considerable disminución en el
número de trabajadores que cotizan a las arcas públicas como
consecuencia de la nefasta gestión económica de José Luís
Rodríguez Zapatero y su equipo económico. Una medida
rechazada por todas las centrales sindicales y formaciones
políticas a través de sus máximos mandatarios; Ignacio
Fernández Toxo, Cándido Méndez, Mariano Rajoy, Artur Mas,
Gaspar Llamazares, Joan Herrera e incluso, el portavoz de la
corriente interna del PSOE Izquierda Socialista, Juan
Antonio Barrio de Penagos.
Propueta, que supone un grave recorte en los derechos de los
españoles, el mayor ataque al modelo social español de los
últimos años, solo equiparable al denominado “Plan de Empleo
Juvenil” ideado por el Ejecutivo socialista de Felipe
González, con el objetivo de que los jóvenes tuvieran un
primer empleo y adquirieran experiencia pero, que en
realidad originó los contratos “basura”, llamados así por su
baja remuneración y porque su extinción no daba derecho a
prestaciones sociales o la legalización de las empresas de
trabajo temporal ETT con el objetivo de crear empleo aunque
este fuera precario y en peores condiciones.
Una vez más, la historia se repite y al igual que ocurriera
en el año 1995, todos las fuerzas sociales han expresado su
rechazo a una medida planteada en la última semana a pesar
de que, semanas antes el propio ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho, llegara a afirmar que no
contemplaba esta posibilidad y recordaba que España era uno
de los países de la vieja Europa con la edad de jubilación
más tardía. En definitiva, una medida propuesta por una
formación supuestamente de izquierdas que solo ha recibido
su aprobación desde la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
