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sucesos - MIÉRCOLES, 3 DE FEBRERO DE 2010


interior de los juzgados. reduan.

tribunales
 

Reconocen su implicación en la red de inmigración ilegal con menores

La Fiscalía retira la acusación contra dos imputados y el resto se conforma con penas de un año y 6 meses de prisión para los líderes, y un año para los miembros de la organización
 

CEUTA
Cristina Marzán

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Se esperaban tres días de intensas sesiones de juicio que quedaron en tres horas de espera para proceder a la firma de la conformidad propuesta por el Ministerio Fiscal, que de 13 a 11 años de prisión, rebajó las penas hasta un año y 6 meses para los líderes de la red de inmigración ilegal, y un año, para el resto de los imputados. La Fiscalía retiró la acusación contra dos de los once procesados, el propietario del hostal de Algeciras y el marido de una de las encausadas.

Un año y seis meses de prisión para los dos líderes y un año de cárcel para el resto de miembros de la organización fueron las penas dictadas por los magistrados de la Sección VI de la Audiencia provincial de Cádiz en Ceuta para los once imputados en la red de inmigración ilegal. Penas privativas de libertad que durante la ejecución de la sentencia podrían ser sustituidas por multas, a petición de los letrados de la defensa.

Por su parte, la representante del Ministerio Fiscal en la ciudad decidió retirar la acusación contra dos de los procesados, el propietario del hostal de Algeciras donde supuestamente pernoctaban los menores en dirección al resto del territorio peninsular y estos acusados; y el marido de una de las participantes, considerando que la participación de ambas “era escasa”. Ambos, libres desde ayer de todos los cargos que les atribuían.

Con respecto a la condena, se estableció a través de la figura de la conformidad propuesta por el Ministerio Público, que aplicó el atenuante de dilaciones indebidas, ya que el proceso se inició en 2005 con lo cual se rebaja en un grado la pena establecida, y ha calificado los hechos como un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, recogido en el artículo 318 del Código Penal.

De ahí que ya no se considerara un delito continuado, lo que rebajado la pena en otro grado más. Así que las tres intensas sesiones previstas para el juicio se tradujeron en casi tres horas de espera para firmar la conformidad hallada entre las partes.
 


El relato de los hechos del Ministerio Fiscal

A los presuntos responsables de la organización, el Ministerio Fiscal les atribuye las instrucciones al resto de miembros, la coordinación de los “pases”, contactos con los inmigrantes y el acompañamiento de los mismos.

A una tercera imputada, la función de acompañar a otros componentes de la red a Marruecos, captar inmigrantes y su conducción hasta Ceuta, además de introducir a los menores en el barco haciéndolos pasar por sus hijos y contactar en Algeciras con las personas que desplazarían a los indocumentados hasta sus lugares de origen. El cuarto acusado llevaba a cabo los tratos para la materialización de los pases y el quinto, recogía a los inmigrantes para conducirlos a otros puntos como Sevilla en un Ford Focus. El hermano de este, sexto imputado, trasladaba también desde Algeciras a los inmigrantes.

La séptima imputada tenía la supuesta misión de tener en su domicilio de la ciudad autónoma a las personas que iban a intentar pasar a la península. Mientras que el octavo, propietario de una pensión de Algeciras, conocía la situación de ilegalidad y ocultaba clandestinamente a estas personas. Los dos últimos, también se ocupaban de pasar a los inmigrantes en su vehículo. Por tales hechos, antes de llegar a la conformidad, la Fiscalía pedía 13 años de prisión para dos de los acusados a los que designaba como “jefes, administradores o encargados de la organización; mientras que para los otros nueve solicita 11 años de cárcel en concepto de “meros integrantes de la mencionada organización”. Para el acto del juicio oral, la fiscal había solicitado el interrogatorio de los once procesados, la declaración de 10 agentes del Cuerpo Nacional de Policía integrados a la UCRIF, dos personas más como testigos, y la reproducción de las grabaciones obrantes en la causa.
 

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