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Once personas, entre ellas cuatro ceutíes, se sentarán en el
banquillo de los acusados de la Audiencia,desde hoy y hasta
el jueves, por su presunta implicación en una red de
inmigración ilegal en la que algunos indocumentados eran
menores de edad. Por ello, la Fiscalía solicita penas de
hasta 13 años de prisión, para los supuestos jefes de la
organización, y 11 años para los que designa como meros
integrantes de la misma, a no ser que todos reconozcan los
hechos por los que se les imputa.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta
sentará en el banquillo de los acusados a once personas, de
las cuales cuatro son de Ceuta, desde hoy hasta el jueves
para que esclarezcan su presunta implicación en una red de
inmigración ilegal, que el Ministerio Fiscal ha calificado
en sus conclusiones provisionales como un delito continuado
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Por tales hechos, la Fiscalía solicita 13 años de prisión
para los dos supuestos “jefes, administradores o encargados
de la organización”, mientras que para los otros nueve
imputados pide 11 años de cárcel en concepto de “meros
integrantes de dicha organización” ya que algunas de las
personas indocumentadas interceptadas en 2005 eran menores
de edad. Penas que en el caso de que los procesados
reconociesen los hechos podrían quedar en el año y seis
meses de cárcel para aquellos a los que solicitaban once a
través de la figura jurídica de la conformidad.
Las investigaciones fueron efectuadas por los funcionarios
de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación
del Cuerpo Nacional de Policía (UCRIF), que dedujeron que
había un grupo de personas que, previo acuerdo e integradas
en una organización, introducía de manera ilegal en España a
personas indocumentadas de origen marroquí, desde Marruecos
hasta Ceuta, y desde Ceuta hasta Algeciras.La mayoría de
ellas eran menores de edad y las hacían pasar por hijos
propios en algunas ocasiones aunque, en otras, utilizaban
documentación de otras personas o falsificadas, siempre a
cambio de una cantidad de dinero no determinada que cobraban
a sus familias en Marruecos y a través de un reparto de
funciones entre todos los supuestos integrantes de la red.
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Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Según el Ministerio Fiscal, los
hechos investigados son constitutivos de un delito
continuado contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros, previsto y penado en el artículo 318 del Código
Penal en relación con el artículo 74 del mismo texto legal.
Por ellos, la Fiscalía pide 13 años de prisión para dos de
los acusados a los que designa como “jefes, administradores
o encargados de la organización; mientras que para los otros
nueve solicita 11 años de cárcel en concepto de “meros
integrantes de la mencionada organización”. Para el acto del
juicio oral, la representante fiscal ha solicitado el
interrogatorio de los once procesados, la declaración de 10
agentes del Cuerpo Nacional de Policía integrados a la UCRIF,
dos personas más como testigos, y la reproducción de las
grabaciones obrantes en la causa.
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JUZGADO 
