La Federación de Enseñanza (FETE) de UGT-Ceuta presentó ayer
en Ceuta la campaña que el sindicato ha iniciado a nivel
estatal para “mejorar la Educación y el reconocimiento de la
labor docente”, una iniciativa que demanda un esfuerzo
prioritario del Ministerio por reducir las ratios de alumnos
por aula y que, entre otras propuestas, sugiere extender el
Bachillerato un año más.
FETE-UGT-Ceuta se sumó ayer a la amplia campaña de
propuestas que el sindicato ha lanzado a nivel nacional
“para mejorar la Educación y el reconocimiento de la labor
docente” tanto en el ámbito de la enseñanza pública como de
la concertada.
Entre sus propuestas el responsable de FETE-UGT en la ciudad
autónoma, Francisco Lobato, hizo un especial hincapié en la
necesidad de que la Dirección Provincial del Ministerio
aplique con singular diligencia los criterios de
escolarización para propiciar un reparto equitativo del
alumnado en todos los centros ceutíes.
“Es una necesidad de base que permitiría mejorar la atención
a la diversidad, tener un tratamiento más individual y
personalizado con el alumnado y combatir y actuar sobre el
fracaso escolar de manera más eficiente”, explicó Lobato.
No obstante, FETE-UGT presentó un catálogo de
reivindicaciones mucho más amplio. Para la central es
necesario estudiar la posibilidad de extender el
Bachillerato de dos a tres cursos, pero sin recortar uno de
Secundaria, como plantea el PP. Igualmente se demanda
“potenciar y flexibilizar” las enseñanzas de Formación
Profesional y “regular y homologar” los Programas de
Cualificación Profesional Inicial.
En el ámbito más estrictamente sindical FETE-UGT solicita
“un Estatuto docente que respondea a las demandas del
profesorado” y la consolidación del actual sistema de
jubilación anticipada voluntaria e incentivada para los
profesores mayores de 60 años, así como medidas para
“rebajar la interinidad y la inestabilidad de las plantillas
docentes”.
Para sus colegas del sector de la enseñanza concertada se
reivindica de la Administración “una adecuada financiación
que permita la equiparación con la enseñanza pública en
todos sus conceptos” y “una nueva normativa en los criterios
de concesión, renovación y mantenimiento de los conciertos
educativos”.
Lobato también dejó constancia ante los medios de la
importancia de elaborar “una legislación estatal que
reconozca la autoridad para todo el profesorado” y varias
medidas concretas “para la reducción del fracaso y el
abandono escolar” como el fomento de las tutorías y la
orientación; la incorporación de nuevos perfiles
profesionales (mediadores, trabajadores sociales...) a los
centros o la implantación generalizada de la escolarización
de 0 a 3 años.
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