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economía - MARTES, 26 DE ENERO DE 2010


reunion del ces. archivo.

consejo economico y social
 

El CES se reunirá la próxima semana para tratar el tema del transporte

El presidente de este organismo, Basilio
Fernández, quien defiende la declaración de la línea como de “servicio público esencial”, convocará a la Comisión especial del Consejo
 

CEUTA
Tamara Crespo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Ante las últimas noticas en torno al transporte marítimo, tanto la creación del Grupo de trabajo Ciudad-Estado como la resolución de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia respecto al pacto de precios entre las navieras, el CES celebrará una reunión de su Comisión especial para el asunto.

En vista de lo “calentito” que está el tema del transporte marítimo en la ciudad, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Basilio Fernández, ha previsto, tal como adelantó ayer a este diario, la convocatoria, la próxima semana, de la Comisión especial creada para este asunto. La reunión se realizará, explicó Fernández, a propósito de las dos últimas noticias relacionadas con el enlace marítimo de Ceuta con la Península, por un lado, la creación de la comisión en la que el Estado y la Ciudad estudiarán las posibilidades de abaratamiento y mejora del servicio y, por otra parte, la resolución de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) respecto a lo que considera una concertación de precios por las compañías navieras.

Tal como señaló Fernández, la Comisión especial del Consejo tratará de ofrecer a las administraciones públicas sus propuestas de solución para los problemas que el transporte marítimo arrastra, dijo “desde hace años”.

Respecto a la resolución de los investigadores de la CNC y a título personal, como presidente del CES ya que como órgano colegiado el Consejo aún no ha tenido la oportunidad de estudiarla, Fernández manifestó su opinión de que el transporte marítimo de la ciudad ha de ser declarado como “servicio público esencial”, al igual que lo es, apuntó, el suministro eléctrico o cualquier otro del que los ceutíes “no pueden prescindir”. Para Fernández, es necesario que las administraciones implemente una “solución definitiva” de este tipo, que les permita regular el servicio y que no sean las propias empresas, en este caso, las navieras, las que establezcan sus reglas y condiciones de funcionamiento.

En opinión del presidente del CES, denuncias como las presentadas por la Ciudad Autónomas ante la CNC, no son la solución “porque el sistema administrativo y judicial no funcionan bien, son muy lentos, y la prueba es que aún no sabemos si se han llegado a aplicar o no sanciones impuestas con anterioridad a las navieras”.
 


Las navieras no responden al informe de Competencia

Tras la publicación del informe de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), dado a conocer por el Ejecutivo autonómico este fin de semana, las navieras han preferido guardar silencio. Tanto Acciona como Baleària declinaron ayer la posibilidad de responder ante la acusación, recogida en el documento de la CNC, de que han venido pactando los precios de su servicio en la línea Ceuta-Algeciras. Tampoco ha trascendido si harán uso de su derecho a presentar las alegaciones que consideren oportunas, para lo cual disponen de 15 días desde la recepción del informe del organismo de control de la Competencia.

Por su parte, el presidente de la asociación de la asociación de consumidores y usuarios del transporte de Ceuta (Acutrans), José María Campos, explicó que la directiva ha decidido también no hacer declaraciones al respecto pues “el protagonismo”, señaló, es de las dos partes implicadas en este caso, la Ciudad y las navieras.

La resolución del órgano de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia dictamina que, tal como sospechó la Ciudad tras las denuncias de los usuarios, las compañías que operan en la línea “se han extralimitado en sus comunicaciones y han acordado tarifas de intercambio idénticas en numerosas ocasiones”, una práctica que se habría desarrollado al menos desde la Semana Santa de 2008 hasta el pasado verano. Esta infracción de la Ley de Competencia puede dar lugar a multas millonarias.
 

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