PORTADA DE HOY
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economía - MARTES, 26
DE ENERO DE 2010 |
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reunion del ces. archivo. |
consejo economico y social
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El CES se reunirá la próxima semana para
tratar el tema del transporte |
El
presidente de este organismo, Basilio
Fernández, quien defiende la declaración de la línea
como de “servicio público esencial”, convocará a la
Comisión especial del Consejo
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CEUTA
Tamara Crespo
ceuta@elpueblodeceuta.com |
Ante las últimas noticas en torno al transporte marítimo,
tanto la creación del Grupo de trabajo Ciudad-Estado como la
resolución de la Dirección de Investigación de la Comisión
Nacional de la Competencia respecto al pacto de precios
entre las navieras, el CES celebrará una reunión de su
Comisión especial para el asunto.
En vista de lo “calentito” que está el tema del transporte
marítimo en la ciudad, el presidente del Consejo Económico y
Social (CES), Basilio Fernández, ha previsto, tal como
adelantó ayer a este diario, la convocatoria, la próxima
semana, de la Comisión especial creada para este asunto. La
reunión se realizará, explicó Fernández, a propósito de las
dos últimas noticias relacionadas con el enlace marítimo de
Ceuta con la Península, por un lado, la creación de la
comisión en la que el Estado y la Ciudad estudiarán las
posibilidades de abaratamiento y mejora del servicio y, por
otra parte, la resolución de la Dirección de Investigación
de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) respecto a
lo que considera una concertación de precios por las
compañías navieras.
Tal como señaló Fernández, la Comisión especial del Consejo
tratará de ofrecer a las administraciones públicas sus
propuestas de solución para los problemas que el transporte
marítimo arrastra, dijo “desde hace años”.
Respecto a la resolución de los investigadores de la CNC y a
título personal, como presidente del CES ya que como órgano
colegiado el Consejo aún no ha tenido la oportunidad de
estudiarla, Fernández manifestó su opinión de que el
transporte marítimo de la ciudad ha de ser declarado como
“servicio público esencial”, al igual que lo es, apuntó, el
suministro eléctrico o cualquier otro del que los ceutíes
“no pueden prescindir”. Para Fernández, es necesario que las
administraciones implemente una “solución definitiva” de
este tipo, que les permita regular el servicio y que no sean
las propias empresas, en este caso, las navieras, las que
establezcan sus reglas y condiciones de funcionamiento.
En opinión del presidente del CES, denuncias como las
presentadas por la Ciudad Autónomas ante la CNC, no son la
solución “porque el sistema administrativo y judicial no
funcionan bien, son muy lentos, y la prueba es que aún no
sabemos si se han llegado a aplicar o no sanciones impuestas
con anterioridad a las navieras”.
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Las navieras no responden al informe de Competencia
Tras la publicación del informe de
la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC), dado a conocer por el Ejecutivo
autonómico este fin de semana, las navieras han preferido
guardar silencio. Tanto Acciona como Baleària declinaron
ayer la posibilidad de responder ante la acusación, recogida
en el documento de la CNC, de que han venido pactando los
precios de su servicio en la línea Ceuta-Algeciras. Tampoco
ha trascendido si harán uso de su derecho a presentar las
alegaciones que consideren oportunas, para lo cual disponen
de 15 días desde la recepción del informe del organismo de
control de la Competencia.
Por su parte, el presidente de la asociación de la
asociación de consumidores y usuarios del transporte de
Ceuta (Acutrans), José María Campos, explicó que la
directiva ha decidido también no hacer declaraciones al
respecto pues “el protagonismo”, señaló, es de las dos
partes implicadas en este caso, la Ciudad y las navieras.
La resolución del órgano de investigación de la Comisión
Nacional de la Competencia dictamina que, tal como sospechó
la Ciudad tras las denuncias de los usuarios, las compañías
que operan en la línea “se han extralimitado en sus
comunicaciones y han acordado tarifas de intercambio
idénticas en numerosas ocasiones”, una práctica que se
habría desarrollado al menos desde la Semana Santa de 2008
hasta el pasado verano. Esta infracción de la Ley de
Competencia puede dar lugar a multas millonarias.
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