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El consejero de Fomento, Rafael Marín, criticó ayer la
“hipocresía total” del Gobierno socialista por no ceder a la
Ciudad Autónoma un pequeño inmueble en ruinas del centro que
es patrimonio del Estado para construir viviendas sociales.
Se trata, en concreto, de las antiguas dependencias de
Sanidad Exterior, cuyo inmueble, situado en la Avenida
General Marina, lleva abandonado desde que hace varios años
fueran transferidas estas competencias a la Ciudad Autónoma.
Además, este inmueble actualmente está siendo utilizado como
almacén, tal y como comprobó la Policía Local en un informe
elaborado el año pasado.
Se trata, según el consejero de Fomento, de un cúmulo de
factores que deberían favorecer su cesión o permuta por
parte de la Delegación del Gobierno a la Ciudad Autónoma
para que ésta lleve a cabo su idea de construir en ese
terreno y el del antiguo puesto de socorro un total de 25
viviendas sociales.
Pero, lejos de ello, Rafael Marín aseguró que el Gobierno
socialista ha estado engañando a la Ciudad Autónoma desde el
primer día en que ésta pidió la cesión o permuta de dicho
inmueble, hace ya dos años y medio.
Marín justificó su acusación haciendo un repaso cronológico
de los hechos. Según dijo, la primera vez que el Ejecutivo
melillense habló de este inmueble fue el 2 de agosto de
2007, cuando la Consejería de Fomento envió un escrito a la
Delegación del Gobierno para mostrar su interés en
adquirirlo, ya que es colindante a otro inmueble propiedad
de la Ciudad Autónoma -el antiguo puesto de socorro-, que
iba a ser destinado a VPO. En dicho escrito, la Consejería
de Fomento mostró su disposición a llegar a “cualquier
acuerdo” con la Delegación del Gobierno respecto a este
inmueble, que tiene una superficie total de 310 metros
cuadrados.
El 19 de septiembre de 2007, la Ciudad Autónoma recibió
contestación del delegado del Gobierno del momento, José
Fernández Chacón, que comunicó que la intención del Estado
era dejar dicho inmueble a disposición de la Ciudad Autónoma
a mediados del próximo año, ya que “lo iban a dejar”. “Por
lo tanto, no les servía para nada”, sacó en conclusión el
consejero.
Dado el retraso con el que se estaba tramitando este asunto
y el cambio de responsable en la Delegación del Gobierno, el
presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, envió
el 16 de enero de 2009 un escrito a Patrimonio del Estado
para pedir la cesión de este inmueble, que dado su mal
estado tenía que ser demolido.
Según informó el consejero, este escrito volvió a reiterarse
el 6 de mayo, dada la falta de contestación por parte del
Estado, que respondió el 1 de julio apuntando que el fin al
que se iba a dedicar el inmueble solicitado [venta de las
VPO] era incompatible con la Ley de Patrimonio del Estado
respecto a lo establecido sobre la cesión gratuita. Por esta
razón, la Ciudad Autónoma respondió el 15 de septiembre
mostrado su disposición a que las VPO que se construyeran no
fueran en régimen de propiedad, sino de alquiler, para no
contravenir lo establecido en dicha legislación.
Además, el Gobierno melillense se mostró dispuesto a que
dicho inmueble, en lugar de ser cedido gratuitamente, fuera
objeto de una permuta, por la que la Ciudad Autónoma
ofrecería a cambio una parcela de 11.569 metros cuadrados en
el Jardín Valenciano para la construcción de un centro de
Educación Secundaria. Además, recordó que recientemente, la
Ciudad Autónoma cedió gratuitamente otra parcela en la
explanada de San Lorenzo de 1.125 metros cuadrados para la
ampliación de la Jefatura Superior de Policía.
Sin embargo, el 15 de diciembre, el Ministerio de
Presidencia envió un escrito informando desfavorablemente
sobre la cesión del inmueble porque, según la institución,
éste iba a ser utilizado para la instalación de dependencias
del Estado.
Engaño
Para el consejero, la secuencia de los hechos evidencia que
“nos han estado engañando durante tres años”, y criticó la
actitud de la Delegación del Gobierno porque, en su opinión,
“es un lujo tener un almacén en el centro” cuando en Melilla
hay más de 3.000 solicitudes para optar a una VPO.
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