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OPINIÓN - DOMINGO, 24 DE ENERO DE 2010

 
OPINIÓN / EDITORIAL

El último escándalo del transporte marítimo

La Ciudad Autónoma y la Administración General del Estado deben hacer todo lo que esté en su mano para acabar de una vez por todas, a través del Grupo de Trabajo que han constituido para analizar la problemática del transporte marítimo, con los escándalos que un día sí y otro también genera este en cualquier vertiente: por los retrasos, por los precios, por los fallos en el servicio, por las vulneraciones de la legislación... No hay semana en la que el conglomerado de navieras no genere, por una u otra razón, una noticia de relevancia en Ceuta. Ayer lo fue porque la Ciudad Autónoma hizo públicas las escandalosas conclusiones que ha alcanzado la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia en un dictamen en el que considera “demostrado” que las compañías pactaron entre la Semana Santa de 2008 y el verano pasado “en varias ocasiones” todos los precios que aplican por sus servicios. Y lo hicieron, por lo visto, además, al detalle, “distinguiendo residente y no residente, adulto y menor, turista y club, todo tipo de vehículos, en euros y en dirhams, y desglosando la tarifa o precio de venta, el gasto comercial (12%, igual para todas las navieras) y la tarifa de intercambio, importe neto a facturar entre ellas”. Las instituciones deben tomar cartas en el asunto ante la putrefacción del sistema de libertad de mercado que este ha alcanzado en la línea marítima del Estrecho, donde la competencia no parece haberse establecido entre quienes ofrecen el servicio por plantear el mejor al precio más atractivo, sino entre todas ellas y el consumidor, para encontrar la forma de esquilmar su bolsillo sin consecuencias. Según la Comisión Nacional de la Competencia las navieras aprovecharon la Semana Santa de 2008, el verano de ese mismo año y la Semana Santa del año pasado para acometer juntas subida tras subida de sus tarifas. Las Administraciones han descubierto ahora que en el interlineado también hay tongo. Ya multadas en 2006, las instituciones deberán barajar medidas más duras para atajar de una vez por todas estos desmanes.
 

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