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Durante su presentación del ‘Plan
de Trabajo 2010’ de su Gobierno el presidente de la Ciudad,
Juan Vivas, reconoció que la evidencia de que “los ceutíes
perciben al paro como el principal problema de nuestra
sociedad” y se comprometió a seguir apostado por las
políticas activas de empleo “pese a no tener competencias
formales en la materia” a través de los planes y talleres de
empleo, los itinerarios de inserción y la colaboración
social. No sirve, sin embargo, con el esfuerzo de la
Administración local para atajar un problema que según los
últimos datos oficiales mantiene a más de 8.000 ceutíes al
margen del mercado laboral. Todos los agentes locales, el
Estado y, en la medida de sus posibilidades, la UE, también
deben arrimar el hombro.
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Tema recurrente, la decisión del
Ayuntamiento de Vic de negar el empadronamiento a los
extranjeros que permanecen en España en situación irregular
ha vuelto a poner en la picota a nivel nacional la gestión
política que se hace del padrón en una ciudad como esta,
particular no sólo por su ubicación geográfica sino también
por su perfil social. No obstante, la Ley está para
cumplirla y es inaceptable que los funcionarios del Registro
oculten a los responsables políticos de qué manera se
gestionan las inscripciones en la Ciudad, que ante los
Tribunales ha visto cómo en ocasiones se le daba la razón a
su postura (exigir la Tarjeta de Residencia en vigor al
solicitante foráneo) y en otras no. Aclarar esta cuestión
evitará a Ceuta ser noticia por razones negativas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
