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UDCE, a través de su diputada Fatima Hamed ha dado a conocer
las alegaciones que la formación ha presentado al reglamento
de prestaciones económicas de Servicios Sociales. La
representante ‘udecista’ ha plasmado las consideraciones que
su grupo ha realizado para “aportar nuestro granito de
arena”, y ha animado a cualquier personas que aporte para
mejorarlo.
El reglamento de prestaciones económicas de Servicios
Sociales se publicó provisionalmente en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 18 de diciembre de
2009; actualmente, se encuentra aún en período de
alegaciones, “por lo que animamos a cualquier persona o
asociación que tenga propuestas para mejorarlo a que también
presente sus alegaciones”, ha dicho Fatima Hamed, diputada
de UDCE.
“Desde UDCE., hemos estado participando con la Consejería de
Servicios Sociales en todas las reuniones a las que se nos
ha emplazado, siempre dispuestos a aportar nuestro granito
de arena y a realizar crítica constructiva en aras de un
mejor resultado para las personas beneficiarias de los
recursos desde los que dispone la Consejería citada”,
argumenta Hamed en unas declaraciones realizadas mediante
comunicado de prensa.
Además de las observaciones que se fueron realizando, “la
continuidad en nuestro esfuerzo e intento por mejorar la
situación de los que menos tienen, hemos realizado una serie
de propuestas en forma de alegaciones, para intentar mejorar
dicho texto”.
Alegaciones de UDCE
- Se echa de menos un diagnóstico y una evaluación que
justifique y haga necesario el cambio del reglamento, por
eso consideramos necesaria una justificación o exposición de
motivos previa al reglamento.
- El tiempo establecido para resolver se ha fijado en tres
meses, un plazo que nos parece excesivo; desde Udce
consideramos, y consecuentemente, proponemos, que debería
reducirse cuanto menos, a dos meses.
- Queremos proponer que en la resolución administrativa se
mencione la baremación obtenida por el usuario/a, en aras de
una mayor transparencia y claridad
En cuanto a las ayudas al pago del alquiler, “tal vez en
este momento la cuantía señalada de setecientos euros sea
suficiente, pero como nadie puede tener la certeza del
tiempo durante el cual el Reglamento estará en vigor, nos
parece más apropiado añadir una cláusula que suba esa
cuantía inicial anualmente en función de las subidas del
IPC”, explica.
Asimismo, se ha solicitado que en el reglamento se incluya
la contemplación de que desde los servicios sociales
comunitarios se colaborará, en la medida de las
posibilidades de la Consejería, en la búsqueda de vivienda
objeto de alquiler.
Con respecto al programa de alojamiento alternativo, para
que sea sufragado el 90% de la ponderación establecida o el
100% “habría que justificar hacinamiento y conflictividad
familiar, sin embargo se dejan de lado olvidadas situaciones
como las que puedan afectar a una familia que resulte
perjudicada por las lluvias y cumpla con los requisitos,
puesto que tal y como está ahora, no tendría derecho a que
se le sufraguen esos límites” añade Hamed.
Con respecto a la cuestión establecida, de que tendrán la
consideración de ingresos aquellos que, aún no siendo
declarados explícitamente, se deriven de los signos externos
y forma de vida “discrepamos de ese criterio puesto que los
ingresos son ingresos, no pudiendo considerarse como tales
los ‘signos externos’ como aparece en el texto propuesto ya
que esto podría suponer que cualquier prenda de vestir de
imitación pudiera ser “valorada” como ingreso, y proponemos,
por ello, que dicho extremo sea tenido en cuenta”.
También consideran importante el hecho de que en el
Reglamento propuesto, se recoge que cuando una persona
beneficiaria de una prestación económica ingrese en prisión,
perderá la prestación; sin embargo, “no aparece establecido
que el cónyuge e hijos de esa persona previa solicitud,
pasará a ser beneficiaria de dicha prestación”, quiso
constatar la diputada.
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