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La tripulación del ‘Rhone’ trata de cobrar sus salarios
impagados antes de que el barco turco abandonado en aguas de
Ceuta acabe de deteriorarse y pierda todo su valor. La
embarcación constituye el único activo con que cuentan sus
tripulantes en caso de que el armador sea incapaz de asumir
su deuda. Por eso la Federación Internacional de Transportes
trata de alcanzar un acuerdo extrajudicial que ahorre a los
marineros turcos un procedimiento que podría dilatarse hasta
dos años.
La tripulación del barco quimiquero Rhone, abandonado en
aguas de Ceuta desde el pasado 13 de septiembre, llegó,
finalmente, el pasado martes a su casa, después de ser
recibida en Estambul por el sindicato turco, que le facilitó
los billetes para llegar desde la ciudad del Bósforo hasta
su domicilio. Sin embargo, todavía queda la batalla para
cobrar los salarios que el armador del buque dejó de abonar
hace meses.
Como se recordará, la tripulación del barco turco interpuso
antes de marchar una demanda civil ante los juzgados ceutíes
contra el propietario del buque, el banco Yupi Kredit
Financial. Pero sus representantes legales, abogados
facilitados por la Federación Internacional de Transportes (ITF),
temen que el proceso judicial se dilate en el tiempo y el
barco, único activo con que cuentan en caso de que el
armador no pueda asumir su deuda, termine de deteriorarse
hasta que pierda prácticamente todo su valor. “En Gran
Bretaña se hubiera vendido el barco en tres semanas, aunque
fuera como chatarra”, apuntó el portavoz en España de la ITF,
José Manuel Ortega.
Así las cosas, la Internacional de Transportes trata ahora
de alcanzar un acuerdo extrajudicial para cobrar todo o
parte de los más de 240.000 euros de salarios impagados que
se acumulan ya, toda vez que se da por sentado que la
mercancía será transbordada en breve sin que se tenga
certeza de que el armador o el propietario de la carga vayan
a depositar el aval que pretenden los representantes de la
tripulación.
Los marineros turcos también pidieron a los tribunales
ceutíes que ordenaran el embargo preventivo del barco, por
lo que abonaron la simbólica cantidad de 300 euros en
concepto de fianza, y ahora la maltrecha embarcación
constituye el único garante de que van a terminar cobrando
lo que puedan de los salarios adeudados.
Ortega teme que el procedimiento judicial pueda alargarse
hasta dos años y ya no quede ningún elemento de valor en la
nave quimiquera. Además, el portavoz de la ITF recordó que
la Autoridad Portuaria de Ceuta tiene la potestad,
transcurridos los seis meses desde el abandono del buque, de
sacarlo a subasta por una mera resolución administrativa. En
ese caso el puerto de Ceuta sería el primero en cobrar los
costes asumidos. A continuación tiene prioridad la
tripulación sobre el resto de acreedores.
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El recuerdo del pesquero abandonado en aguas de Marín
El coordinador en España de la
Federación Internacional de Transportes (ITF), José Manuel
Ortega, no quiere que les ocurra lo mismo que con el barco
pesquero abandonado en Marín en 2004. Una embarcación de un
enorme valor sobre la que también se ordenó un embargo y que
a pesar de ello quedó reducido a chatarra debido a lo
dilatado del proceso judicial, que tuvo que enfrentarse a
seis cambios de magistrado. En este caso, la tripulación,
formada por cinco ciudadanos chilenos y cuatro argelinos,
también tuvo que ser repatriada por la ITF. Sus
representantes legales acabaron ganando la demanda de
cantidades pero todavía andan reclamando que se reconozca a
los tripulantes la propiedad del barco, subastado en 2008.
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federación institucional
