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El consejero de Hacienda,
Francisco Márquez, empeñó su palabra en que a partir del 1
de enero no se concretaría ni una más de esas controvertidas
contrataciones forjadas a través de ofertas genéricas al
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) que tanto han dado
que hablar a los sindicatos y a la oposición durante los
últimos 20 meses y con la vocación de “mejorar y optimizar
la gestión de los recursos humanos” de la Administración
local, dejando claro que, como atestiguan los informes
elaborados, lo que se hacía hasta ahora no era irregular,
optará por recuperar las bolsas de trabajo, que se
elaborarán mediante el criterio de concurso-oposición, lo
que sumará una prueba escrita a la presentación de méritos
que las regulaba hasta su disolución, en mayo de 2008.
Independientemente de lo mejor o peor que opere uno u otro
sistema el cambio ha sido recibido con aplausos por parte de
las centrales sindicales mayoritarias en la Asamblea, que
han mantenido un cruento enfrentamiento con Recursos Humanos
durante casi dos años a cuenta de un método que han llevado
en no pocas ocasiones al Juzgado.
Lo más importante, además de que las incorporaciones se
realicen conforme a los principos constitucionales de
publicidad, igualdad, mérito y capacidad, es que el sistema
que comenzarán a negociar Ciudad y representantes de los
trabajadores el próximo lunes sirva efectivamente para
mejorar la prestación de varios de los servicios esenciales
que ofrece durante las 24 horas la Administración de la
ciudad autónoma. Se trata, entre otros, de los centros de
Menores y de varios de Servicios Sociales, que sufrían
directamente la falta de agilidad para las coberturas de
incapacidades temporales o similares.
Márquez, responsable de Personal desde noviembre, debe
preocuparse sobre todo de que el nuevo método de
contratación temporal sirva para que propicie un aumento de
la calidad de los servicios que presta la Asamblea.
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OPINIÓN / EDITORIAL
