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El Gobierno central ha asegurado en una respuesta por
escrito a una pregunta del senador almeriense del PP Jesús
Gonzálvez que si la situación administrativa en España de
los 54 hindúes que permanecen desde hace más de un año en
los bosques que rodean el CETI no se ha resuelto todavía con
su devolución a su país de origen es porque el país del que
han sido identificados como oriundos, la India, no les
expide los salvoconductos necesarios para su repatriación.
“El Ministerio del Interior, en su ámbito de competencias,
señala que la ejecución de las órdenes de expulsión exige la
acreditación de la nacionalidad del extranjero. Al tratarse
de personas que no aportan un pasaporte, resulta
imprescindible que la representación diplomática del país
cuya nacionalidad se presume reconozca ésta y expida un
salvoconducto, circunstancia que, hasta la fecha, no se ha
producido”.
Ese es el último párrafo de la respuesta que la
Administración General del Estado ha dado a una pregunta del
senador del PP por Almería Jesús Gonzálvez en la que el
parlamentario interrogaba al Ejecutivo que preside Zapatero
sobre “de qué información dispone el Gobierno acerca del
grupo de 54 inmigrantes indios que recientemente cumplieron
más de un año viviendo en el monte para reclamar la atención
de las autoridades y pedir no ser expulsados del país por
entrada irregular”.
En su contestación el Ejecutivo socialista recuerda que en
el mes de abril de 2008 un grupo de residentes en el CETI de
Ceuta “de nacionalidad india” abandonó el centro y se asentó
en los bosques de la ciudad. “Desde la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes se realizaron gestiones para
conseguir que estas personas regresaran y se reintegraran a
la vida en el centro sin que aceptaran esta alternativa”,
detalla el Gobierno central, “por lo que a partir de ese
momento es la Delegación del Gobierno el órgano competente
para resolver lo que proceda sobre la situación de los
inmigrantes asentados en el bosque de Ceuta”.
El Gobierno lamenta que desde entonces, “hace dieciocho
meses”, han sido “numerosos” los intentos de la Delegación
del Gobierno para convencerlos para que regresen al CETI, en
donde recuerda que “la estancia en dicho centro no es en
absoluto obligatoria”.
“Aunque en un principio la salida del CETI tenía como único
fin el de eludir la posible expulsión del territorio
nacional, posteriormente esta medida se ha tornado en una
actitud de corte claramente reivindicativo”, indica la
respuesta parlamentaria, “que alude a su situación
documental y a su larga estancia en Ceuta (una media de 22
meses), contando además con el apoyo de determinadas ONGs,
tanto ceutíes como del resto de España”.
Para el Gobierno central, en resumen, la Delegación que
dirige Fernández Chacón “es competente para resolver los
procedimientos de expulsión incoados contra personas que se
encuentren irregularmente en España, pero no lo es para la
ejecución de las resoluciones que acuerden tales
expulsiones”, que es de Interior, pero en cualquier caso “ha
actuado en la fase en la que le correspondía hacerlo
conforme a Derecho”.
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