La presentación oficial de la Nueva Oficina Judicial en
la ciudad autónoma estuvo repleta de interrogantes que
quedaron subsanados a expensas de todos esos cambios que, de
manera inmediata, se irán poniendo en marcha ya que esta
reforma “es una cascada de decisiones que ya están tomadas
pero que debemos ejecutar”, tal y como explicó la secretaria
de Gobierno de Justicia, Josefa Vilar. Con vistas a que el 5
de mayo pudiera implantarse de manera paralela a la entrada
en vigor de las nuevas leyes procesales, Vilar aseguró que
“vamos a estar a la altura de lo que exige la sociedad”.
Pregunta.- ¿Cuáles han sido las primeras impresiones tras
la presentación oficial de la Nueva Oficina Judicial?
Respuesta.- La reunión se planteó en un ambiente de
encuentro y puesta en común con los colectivos que nos
reunimos y fue positiva por la unidad en esa apuesta de
mejora de la Administración de Justicia. Hubo puntos, no de
conflicto, pero sí de diálogo sobre la dotación de los
Servicios Comunes Procesales, y todos coincidíamos en el que
el Servicio Común de Ejecución no estaba suficientemente
dotado de personal. Fue un día muy fructífero y se aprovechó
el tiempo en cuanto a que la parte técnica de las distintas
subdirecciones, ya que se visitaron todos los órganos y se
vieron las necesidades que, por la tarde, decidimos que se
iban a solventar.
P.- ¿Qué prioridades se plantean a corto plazo con vistas
a ese 5 de mayo con la entrada en vigor de las nuevas leyes
procesales?
R.- La principal preocupación es el ámbito informático
aunque nos han comunicado que está previsto mandar para
Ceuta un servidor con una potencia impresionante en el que
se van a unificar las canalizaciones de las nuevas
tecnologías. Ello requiere una preparación para la
instalación del aparato, la unificación de la telefonía, y
de manera próxima, veremos reforzado este aspecto. Por otro
lado, la semana que viene se emitirán una serie de informes
de los diferentes colectivos para cerrar la propuesta
definitiva de los Servicios Comunes Procesales en Ceuta.
P.- A quienes más afectará esta reestructuración será a
los secretarios judiciales en cuanto que se incrementarán
sus funciones, ¿percibe miedo por parte de este colectivo?
R.- Las competencias no están completamente definidas pero
doy por supuesto que el cuerpo de secretarios tiene la
preparación suficiente para afrontar este cambio, ya que no
puede ser de otra manera. Yo no tengo ningún miedo y vamos a
estar a la altura de lo que la sociedad nos va a exigir en
este momento.
P.- La carga de trabajo de la que se liberará el juez con
esta reforma, ¿recaerá sobre el secretario?
R.- No sólo el juez y el secretario forman parte del
engranaje de la Administración de Justicia; está el cuerpo
de funcionarios, que también se verá afectado en cuanto que
sus competencias se delimitarán y, con la nueva estructura,
será un cuerpo especializado. En las decisiones tomadas
durante la presentación, la formación llegará a todos los
colectivos y se iniciará en febrero. Es todo una cascada de
decisiones que están tomadas pero que hay que ejecutar y
abordar en los próximos meses de manera inmediata ya que lo
que se pretende es mejorar el servicio en cuanto a una mayor
rapidez, agilidad, eficacia y eficiencia.
P.- ¿Ha sido un impulso para este proyecto el que, por
primera vez, tuviese cabida en España una huelga de jueces?
R.- No creo que sea ese el motivo; esto es un acuerdo que
nace del Pacto de Estado del año 2001 y, en 2003, tenemos
una Ley Orgánica del Poder Judicial que se traduce en la
base de la reforma que hoy vamos a empezar a acometer, a
pesar de tardar seis años para que la reforma de las leyes
procesales viera la luz. La huelga de los jueces atendió a
una serie de reivindicaciones y una de ellas era una
Administración de Justicia mejor. Otro de los puntos era la
agenda de señalamientos ya que pedían que fueran los
secretarios quienes las estableciesen y, efectivamente, se
va a llevar desde el Servicio Común de Ordenación del
Procedimiento pero con las indicaciones establecidas por el
juez o magistrado.
P.- En cuanto a las tres oficinas judiciales que se
establecerán en la ciudad autónoma...
R.- Los órganos serán los mismos que tenemos actualmente
pero se llamarán UPAD (Unidades Procesales de Apoyo
Directo). Estos, estarán dotados de menos personal con el
objeto de establecer tres servicios o, si queremos llamarles
oficinas judiciales, que van a ser: Servicio Común de
Registro-Reparto y Actos de Comunicación, Servicio Común de
Ordenación del Procedimiento y Servicio Común de Ejecución.
Con estas jefaturas intermedias pretendemos que haya un
mayor control a través de una mejor organización y
aprovechamiento de los medios personales que tenemos.
P.- También se ha revelado ese trabajo conjunto de la
Real Academia Española y el Poder Judicial...
R.- En los momentos actuales, hay una conjunción por parte
del Ministerio y el CGPJ, y se está trabajando para que una
de las cosas incluidas dentro del eje de la transparencia es
que el lenguaje sea entendido por los ciudadanos sin
perjuicio de obviar los tecnicismos jurídicos. No sólo en
las sentencias sino en todos los actos de comunicación.
P.- Como responsable de la Administración de Justicia en
Ceuta, ¿cómo afrontará este reto?
R.- Llevo cinco años y, evidentemente, no se han visto
reflejados los frutos porque no hemos tenido la reforma de
las leyes procesales hasta ahora. Pero, con esta
experiencia, no tengo miedo en absoluto, sí que es mucha
responsabilidad ya que se trata de coordinar todos los
servicios pero también tenemos el apoyo de los jueces y del
personal. Esto es tarea de todos, aportando lo mejor que
tenemos para que salga adelante ya que lo que nos mueve es
prestar el servicio al ciudadano. En definitiva, lo que
deseamos es tener un Justicia ágil, rápida y eficaz.
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