Una mujer que reside en la calle Sevilla junto a cinco
familiares más se encandenó ayer a las puertas del Palacio
de la Asamblea para protestar por el aviso de desahucio que
pesa sobre ellos, ya que su vivienda está situada sobre un
terreno militar que Defensa reclama. Los Servicios Sociales
han tomado cartas en el asunto.
Nisri Parra llevaba seis días apostada frente al Palacio
Autonómico y ayer decidió encadenarse en su vestíbulo como
protesta por el aviso de de- sahucio que pesa sobre toda su
familia, residente en el número 40 de la calle Sevilla, en
unas viviendas levantadas sobre terreno militar que Defensa
reclama para proceder al derribo de los edificios.
La actitud de esta vecina atrajo hasta el lugar a la
consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, que explicó a
EL PUEBLO la situación antes de que el presidente Juan Jesús
Vivas enviara a una portavoz, que logró que Nisri se
desencadenara y subiera al despacha donde la recibieron
tanto la consejera como el propio Vivas.
“Hasta ahora, le hemos estado atendiendo con nuestra
aportación para alojamiento alternativo. Son seis miembros
en la familia, con unos ingresos de 420 euros del SPEE y el
sueldo del Plan de Empleo, que debe rondar los mil euros. De
acuerdo a estos ingresos, el porcentaje que le corresponde
por parte de la Ciudad para alquilar una casa de 600 euros
es del diez por ciento”, apuntó la consejera.
Pérez recordó que la familia podía pedir otras ayudas a
Asuntos Sociales para necesidades básicas, enseres, ropa.
“Lo que no podemos proporcionar los Servicios Sociales son
viviendas”, apostilló la consejera.
Asuntos Sociales tiene en Ceuta a 400 familias a las que se
ayuda a encontrar un alojamiento alternativo. “Tienen el
aviso de los militares desde hace tiempo”, indicó Pérez.
Pero para la familia de Nisri Parra, el diez por ciento de
un alquiler de 600 euros no es ayuda suficiente. Y así se lo
hicieron saber al presidente Vivas y a la consejera cuando
subieron a su despacho.
Aunque dispongan de aproximadamente 1.500 euros mensuales de
ingresos, la familia tiene que hacer frente a otros
importantes pagos, que la consejera no quiso especificar a
este periódico, y que han motivado la revisión de su informe
por parte la Ciudad al objeto de incrementar el porcentaje
de aportación para alquilar otra vivienda.
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Una zona de protesta frente al Palacio de la Asamblea
La protesta de Nisri Parra desde
hace seis días a las puertas del Palacio para la Asamblea
había pasado prácticamente desapercibida para los
funcionarios y responsables políticos de la Ciudad porque se
ubicaba en una marea de pancartas en la que se denunciaban
todo tipo de irregularidades y comportamientos reprobables
por parte del Gobierno autonómico. Todas esas pancartas las
había colocado Salvador Peña, vigilante de seguridad
despedido por la Ciudad, que acusaba al abogado Sánchez Mena
de ocultar pruebas en el procedimiento por persecución y
acoso laboral que el vigilante había iniciado contra la
Administración local. Peña aseguró contar con tres
sentencias a su favor que no fueron tomadas en cuenta en el
juicio que vio su despido. Una zona para las protestas más
variopintas se ha instalado, pues, estos días, a las puertas
del Palacio Autonómico. Cada damnificado trata de buscar su
forma de llamar la atención. Nisri Parra optó ayer por el
método del encadenamiento y Salvador Peña amagaba con la
posibilidad de iniciar una huelga de hambre. Las estrategias
para crear una opinión pública favorable a unas determinadas
reivindicaciones y lograr ser escuchados por los poderes
públicos se manifiestan cada vez más sofisticadas. Carolina
Pérez recordó ayer que también existe una mayoría silenciosa
que sufre este tipo de situaciones sin adoptar medidas de
fuerza y que la Consejería debe atender todos estos casos en
base a criterios objetivos a la hora de distribuir las
ayudas.
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