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sociedad - JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2009


Nisri Parra con carolina perez. reduan.

deshaucio
 

Una mujer se encadena tras resultar desahuciada de un terreno militar

La Ciudad va a revisar el expediente de la
familia para mejorar las ayudas que percibe y contribuir económicamente para que encuentre una vivienda alternativa a la de la calle Sevilla
 

CEUTA
José García

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Una mujer que reside en la calle Sevilla junto a cinco familiares más se encandenó ayer a las puertas del Palacio de la Asamblea para protestar por el aviso de desahucio que pesa sobre ellos, ya que su vivienda está situada sobre un terreno militar que Defensa reclama. Los Servicios Sociales han tomado cartas en el asunto.

Nisri Parra llevaba seis días apostada frente al Palacio Autonómico y ayer decidió encadenarse en su vestíbulo como protesta por el aviso de de- sahucio que pesa sobre toda su familia, residente en el número 40 de la calle Sevilla, en unas viviendas levantadas sobre terreno militar que Defensa reclama para proceder al derribo de los edificios.

La actitud de esta vecina atrajo hasta el lugar a la consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, que explicó a EL PUEBLO la situación antes de que el presidente Juan Jesús Vivas enviara a una portavoz, que logró que Nisri se desencadenara y subiera al despacha donde la recibieron tanto la consejera como el propio Vivas.

“Hasta ahora, le hemos estado atendiendo con nuestra aportación para alojamiento alternativo. Son seis miembros en la familia, con unos ingresos de 420 euros del SPEE y el sueldo del Plan de Empleo, que debe rondar los mil euros. De acuerdo a estos ingresos, el porcentaje que le corresponde por parte de la Ciudad para alquilar una casa de 600 euros es del diez por ciento”, apuntó la consejera.

Pérez recordó que la familia podía pedir otras ayudas a Asuntos Sociales para necesidades básicas, enseres, ropa. “Lo que no podemos proporcionar los Servicios Sociales son viviendas”, apostilló la consejera.

Asuntos Sociales tiene en Ceuta a 400 familias a las que se ayuda a encontrar un alojamiento alternativo. “Tienen el aviso de los militares desde hace tiempo”, indicó Pérez.

Pero para la familia de Nisri Parra, el diez por ciento de un alquiler de 600 euros no es ayuda suficiente. Y así se lo hicieron saber al presidente Vivas y a la consejera cuando subieron a su despacho.

Aunque dispongan de aproximadamente 1.500 euros mensuales de ingresos, la familia tiene que hacer frente a otros importantes pagos, que la consejera no quiso especificar a este periódico, y que han motivado la revisión de su informe por parte la Ciudad al objeto de incrementar el porcentaje de aportación para alquilar otra vivienda.
 


Una zona de protesta frente al Palacio de la Asamblea

La protesta de Nisri Parra desde hace seis días a las puertas del Palacio para la Asamblea había pasado prácticamente desapercibida para los funcionarios y responsables políticos de la Ciudad porque se ubicaba en una marea de pancartas en la que se denunciaban todo tipo de irregularidades y comportamientos reprobables por parte del Gobierno autonómico. Todas esas pancartas las había colocado Salvador Peña, vigilante de seguridad despedido por la Ciudad, que acusaba al abogado Sánchez Mena de ocultar pruebas en el procedimiento por persecución y acoso laboral que el vigilante había iniciado contra la Administración local. Peña aseguró contar con tres sentencias a su favor que no fueron tomadas en cuenta en el juicio que vio su despido. Una zona para las protestas más variopintas se ha instalado, pues, estos días, a las puertas del Palacio Autonómico. Cada damnificado trata de buscar su forma de llamar la atención. Nisri Parra optó ayer por el método del encadenamiento y Salvador Peña amagaba con la posibilidad de iniciar una huelga de hambre. Las estrategias para crear una opinión pública favorable a unas determinadas reivindicaciones y lograr ser escuchados por los poderes públicos se manifiestan cada vez más sofisticadas. Carolina Pérez recordó ayer que también existe una mayoría silenciosa que sufre este tipo de situaciones sin adoptar medidas de fuerza y que la Consejería debe atender todos estos casos en base a criterios objetivos a la hora de distribuir las ayudas.
 

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