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Parto de que el hecho migratorio
es una realidad en un mundo cada día más globalizado. Con
referencia a España, que ha pasado de ser un país de
emigración a ser un país de inmigración, esta adquiere tal
dimensión que los poderes públicos han tenido que adaptar su
normativa reguladora continuamente, también a la generada
por la Unión Europea, y desarrollar actuaciones concretas
ante los diversos frentes presentados. En este sentido, creo
que un gran avance ha sido la firma del Pacto Europeo sobre
inmigración y Asilo, refrendado en el Consejo Europeo de 16
de octubre de 2008 por los 27 países miembros, en el cual se
establecen como principales objetivos conseguir una
inmigración legal y ordenada, luchar contra la inmigración
ilegal y favorecer la integración de los inmigrantes legales
mediante un equilibrio de derechos y deberes. Fuera de las
instituciones, de todos es conocido que este país tiene una
trayectoria innata tras de sí, de acoger y dar cobijo a los
necesitados. Dicho lo anterior, considero también que las
diversas administraciones, salvo muy raras excepciones,
tampoco suelen escatimar esfuerzos a la hora de favorecer la
plena integración de los inmigrantes, con una apuesta
decidida por el sencillo arte de vivir y de poder convivir
como personas civilizadas.
Es cierto que cualquier inmigrante, como persona que es,
tiene una primera necesidad de que se le escuche, de que se
le estime y considere, de que se le tenga en cuenta como
ciudadano en cualquier país de acogida. No en vano, España
acaba de incorporar con la nueva ley orgánica 2/2009 de 11
de diciembre, Directivas europeas, jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, medidas que han de ir en beneficio
de esa realidad migratoria cueste lo que cueste. De ninguna
manera la crisis debe afectar a los más desvalidos y los
inmigrantes en su mayoría lo son. Ahora bien, es de justicia
que junto a ese marco amplio de derechos y libertades que
han de tener los extranjeros afincados legalmente en nuestro
país, también se aumente la eficacia de la lucha contra esta
otra inmigración irregular que trafica con personas humanas.
Perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de
los flujos migratorios laborales, –como recoge la nueva
ley-, reforzando la vinculación de la capacidad de acogida
de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de
trabajo, me parece que también es un acto, tan preciso, como
justo y necesario. De todos es sabido que es preciso frenar
la inmigración ilegal, si bien la condición de irregularidad
legal no debe menoscabar en ningún caso la dignidad del
emigrante. Pienso que ha llegado el momento oportuno de que
la cooperación internacional adopte medidas contundentes
contra las mafias que explotan la expatriación de los
clandestinos y, asimismo, debe ayudar a promover
estabilidades de gobiernos al servicio de los ciudadanos y a
superar el subdesarrollo. Porque no es de recibo tampoco,
condenar a muerte a quienes se lanzan a la aventura
migratoria para encontrar mejor calidad de vida para sí y
los suyos.
Por otra parte, pienso que nunca está demás seguir avanzando
en reforzar la integración como uno de los ejes centrales de
la política de inmigración, salvaguardando un marco de
convivencia de identidades y culturas, sin otro límite que
el respeto al ordenamiento jurídico. Aunque sinceramente, en
relación a este tema, opino que actualmente la integración
social de los extranjeros en España es bastante óptima, si
acaso con mínimas reservas. En todo caso, la ley le va a
proteger y le va a dar seguridad jurídica como a cualquier
ciudadano de pleno derecho. Además, observo que cada día es
más frecuente la actuación de administraciones más cercanas
al ciudadano, como son los Ayuntamientos o Diputaciones, el
propiciar actividades culturales o lúdicas, en el que
converjan diversos lenguajes y divertimentos acordes con la
ciudadanía del barrio. De igual modo, es un gran avance que
se promuevan políticas, reglamentos y prácticas migratorias
que fomenten la unidad familiar. Tengamos en cuenta que
somos diferentes, cada persona es un mundo que se dice, pero
no debemos ser desiguales, porque realmente todos somos
necesarios para este planeta.
De ahora en adelante van a seguir correspondiendo al
gobierno de la nación, su regulación y desarrollo de la
política de inmigración, pero también van a asumir
competencias nuevas las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales. La inmigración no debe ser ajena a ningún
poder público español; yo esto mismo lo haría extensivo a
una autoridad mundial, puesto que la misma persecución de la
trata de seres humanos no se puede parar, sino es con el
unísono compromiso de todas las naciones en la lucha, porque
es una cuestión de justicia internacional impostergable. A
mi juicio, esta es la gran esclavitud del siglo XXI, el
alarmante aumento de la compraventa humana vinculada al
proceso de globalización. En esto hay que tener tolerancia
cero, si no queremos que el paraíso de las mafias se
extienda. Sin embargo, el fenómeno de la migración que es
tan antiguo como el ser humano; quizá deba verse en él un
signo donde se vislumbra que nuestra vida en este mundo es
un camino de vueltas y revueltas, de idas y venidas. Por
ello, que las normativas cambien y se adapten a las
situaciones tantas veces como sea necesario, me parece algo
saludable, de avance social y democrático de derecho. España
lo viene haciendo con frecuencia y estimo que, con grandes
aciertos, por parte del legislador. Otra cuestión es que
luego esa legislación se aplique mal, se politice o no se
considere.
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OPINIÓN / ALGO MÁS QUE PALABRAS
