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Me consta que la sentencia absolutoria a los doce acusados
de narcotráfico de la ‘Operación Transpor’ dictada por la
Sección VI de la Audiencia de Cádiz en Ceuta ha hecho mella
en algunos agentes de la policía que participaron con
eficacia y brillantez en la operación, investigación que,
por cierto, no estuvo exenta de riesgo en ambos lados del
Estrecho. Por si fuera poco y en las mismas fechas varios
agentes de la Guardia Civil fueron detenidos por una
patrullera gibraltareña cuando perseguían una lancha
sospechosa de narcotráfico hasta los mismos plátanos de los
monos. A su regreso a Ceuta, se ha publicado que algunos
familiares de los agentes expresaron la idea de que no se
iban a jugar la vida en el mar contra el narcotráfico si no
encontraban apoyo cosa que, entiendo, no es mas que un
calentón familiar porque nuestros agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado dan sobradas muestras
diarias de cumplir el servicio encomendado sin valorar el
riesgo personal que conlleve. Prácticamente en las mismas
fechas de estos sucesos una nueva sentencia absolvía a dos
acusados de quemar el coche de un policía de la UDYCO en
2006 por falta de “pruebas de cargo” mientras que la
absolución de los doce acusados de narcotráfico a la que me
refería al principio, era, según se ha escrito en algún
medio, “hace valer el derecho a la intimidad” sobre el valor
de las escuchas (que inicialmente fueron autorizadas).
En la misma semana que dejamos atrás, concretamente el día
10, la portavoz y vocal del Consejo General del Poder
Judicial, Gabriela Bravo, publicó en un influyente diario
madrileño de tirada nacional, una opinión a toda página bajo
el titular de “Presunción de inocencia y cultura
democrática”, artículo de opinión que se centra según se
escribe en “el doble rasero: se protesta cuando se muestra
esposados a ciudadanos ‘de bien’ presuntamente implicados en
casos de corrupción, pero no cuando esto ocurre a ciudadanos
‘de segunda’ como el detenido en Tenerife (Diego P.V.,
acusado erróneamente de matar y violar a una niña)”.
Como periodista comparto algunos apartados de la opinión y
me alegra que su señoría lo exponga en un medio de
comunicación, pero me va a permitir que coloque algunas
cosas en su sitio como hechos probados. Dentro de la
acusación de que “algunos medios se convirtieron en juez y
verdugo tildándole de inmediato (sic) de asesino” le puedo
decir que la Asociación de la Prensa de España (FAPE) ha
presentado disculpas en nombre del colectivo por la
negligencia de unos pocos sinvergüenzas que se autodefinen
como periodistas y que ustedes deberían de meter en la
cárcel por coincidir en muchos de ellos no errores puntuales
sino trayectorias infames. Ahora bien, todavía estamos
esperando los periodistas que usted como portavoz del CGPJ
haga lo propio ya que en el caso que cita está probado que
fueron una cadena de errores médicos, judiciales, policiales
y periodísticos los que llevaron a Diego. P.V. a esta
inhumana situación. Que en el arranque de su opinión nos
quiera definir lo que es “Cultura en su sentido global” y se
vaya a lo que dice la Real Academia Española pues...,usted
misma; yo la invitaría a que vaya a las definiciones que se
han hecho desde la ONU y la UNESCO y disfrute de un viaje
por el mundo. Lo que ya me parece un poco fuerte es que tan
ilustre señoría cite “La jauría humana” de Arthur Penn para
decir que “se está cerca del linchamiento y lejos de la
Justicia”. Sin duda, pero puesto a citar por parte de su
señoría la palabra “linchamiento” podría haber ido a la
fuente de la denominación, un tal Charles Lynch (1796) que
de periodista no tenía nada y de juez algo.
No obstante quisiera, señalar que si en la página 33 del
citado diario se publica la opinión de la portavoz del
Consejo General del Poder Judicial, en el mismo diario y en
la página 20 pueden encontrar la actitud que tuvieron los
acusados de ETA, Txapote y Gallastegui, acusados de asesinar
al concejal del PP Ignacio Iruretagoyena. Cito literalmente:
“ (...) se negaron a declarar, se tomaron el juicio a broma
y estuvieron hablando entre ellos como si la vista no fuera
con ellos. El presidente del tribunal Ángel Hurtado, les
instó a guardar las formas, a lo que Txapote replicó:” Eso
está en mi mano y no en la suya”. Txapote fue recriminado y
siguió en la sala. En el mismo diario y en la página 5 de la
edición de Andalucía se puede leer que “El acusado de
colaborar en la desaparición de Marta (Del Castillo) sale en
libertad” . El fiscal atribuye a Samuel Benítez un delito de
encubrimiento y medita acusarle por un delito de profanación
de cadáver.
A principios de este mes el Tribunal Supremo resolvía con
una multa un caso de “brutalidad policial” que acabó con un
cocinero español en el hospital producto de la paliza de
unos agentes de paisano que llevaban armas de fuego. El
mismo Tribunal Supremo dicta sentencia por “torturas” contra
dos agentes de la Policía Local de Ceuta en hechos
inicialmente parecidos, lo que les obliga a abandonar el
Cuerpo si no obtienen el indulto.
La opinión pública, como tal, no hace leyes y en cambio fue
el Tribunal Constitucional a mediados de los años 90 el que
anuló el concepto de “alarma social” al que recurrían
determinados jueces para enviar a la cárcel a imputados
notables que habían sido “sentenciados (¡!)” por la
sociedad...
En el año 2008 se publicaba una encuesta de Sigma Dos para
el diario ‘El Mundo’ con motivo de los 30 años de democracia
en España. El titular del periódico sobre el apartado
referente a la Justicia lo dice todo: “Suspenso en eficacia
y en independencia [22 de agosto de 2008 en las páginas 26 y
27]”.
No quisiera terminar sin hacer un llamamiento sincero de
apoyo absoluto a la labor judicial y policial junto a una
petición expresa: ¿Cómo puñetas arreglamos esto?
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OPINIÓN
/
7º DE MICHIGAN
