El Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud de
asilo político que el tetuaní Mohamed Haddad presentó en
Ceuta el pasado 18 de junio alegando que las autoridades
marroquíes le habían presionado para renunciar a su derecho
a ser candidato del Partido de los Trabajadores en las
elecciones que se celebraron en su país unos días antes.
Haddad, al que en su momento se ligó a la trama del 11-M
aunque posteriormente fue absuelto, debe salir de España
antes del día 25.
Tras seis meses en el Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI), a cuya dirección y plantilla no deja de
“agradecer” el trato y atención que le ha dispensado, el
marroquí Mohamed Haddad deberá salir antes del día de
Navidad de España. Dado que sigue en la ciudad autónoma y no
puede ir a la Península su única salida es volver al país
vecino, de donde huyó el pasado 13 de junio para, cinco días
más tarde, presentar una solicitud de asilo político en
nuestro país alegando haber sido torturado en 2004 y
coartado en el ejercicio de sus derechos al sufragio pasivo
en las elecciones que se celebraron en el Reino alauita el
12 de junio pasado.
Ninguno de esos argumentos son válidos, a juicio del
Ministerio del Interior, para concederle el estatus de
asilado en España. En primer lugar porque de su detención y
posterior maltrato psicológico en la primavera de 2004,
cuando fue detenido por su presunta vinculación con la trama
de los atentados del 11-M, no ha podido acreditar ningún
hecho “con valor probatorio”.
Sobre las “presiones” recibidas para no concurrir a los
comicios marroquíes con el Partido de los Trabajadores el
Gobierno central estima que “sin experiencia en las
cuestiones públicas” el hecho de que Haddad quisiera ser
candidato y el de que en esa misma cita electoral “actuó
como interventor sin incidente alguna” apuntan a que su
petición de asilo es “instrumental” y que sólo tiene un
objetivo: “La entrada en España que debe adecuarse a lo
recogido en la normativa de Extranjería e Inmigración”.
Haddad lamentó ayer en declaraciones a este periódico la
resolución del Ministerio, contra la que anunció su
intención de recurrir ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional.
Más allá, el tetuaní, de 42 años y con esposa y dos hijos
residentes en Madrid, que se considera “otra víctima” de los
atentados, reivindica su “derecho” a rehacer su vida en
España, donde fue residente legal durante trece años.
Haddad, que reconoce haber prestado su pasaporte en el año
2000 a uno de los imputados por los atentados de 2004, dice
haber prestado plena colaboración en la investigación del
caso, del que fue absuelto, aunque España le niega
sistemáticamente otro visado para entrar en el país.
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