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sociedad - JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 2009


instituo español juan de la cierva. ep.

instituto nacional de gestion sanitaria
 

El Ingesa replica que sólo le permiten dar tarjeta sanitaria a los residentes

La subdirección provincial argumenta que se necesita cambiar la normativa para prestar atención programada en Ceuta a los trabajadores españoles en Marruecos
 

CEUTA
José García

ceuta
@elpueblodeceuta.com

La solución para los afiliados a la Seguridad Social española que trabajan en Marruecos a la hora de recibir atención sanitaria programada en Ceuta parece bloqueada mientras el Gobierno no modifique la normativa vigente. Desde el Ingesa se insiste en que la normativa actual exige residir en la ciudad o comunidad autónoma donde se demanda la asistencia médica para recibirla, y que la atención a que tienen derecho en el país alauí es sufragada por la Caja Nacional española.

La batalla de los afiliados a la Seguridad Social española que trabajan en Marruecos para obtener su tarjeta sanitaria y recibir asistencia médica programa en Ceuta sólo podrá resolverse con un cambio de normativa impulsada desde una instancia gubernamental.

Así de clara ha sido la subdirectora provincial del Ingesa, Ana Álvarez, quien en declaraciones a EL PUEBLO recordó que la tarjeta sanitaria, tanto en las ciudades autónomas como en las comunidades autónomas que tienen las competencias sanitarias transferidas, sólo se puede obtener con la condición de residir en esa ciudad o comunidad.

De esta manera, Álvarez apuntó que, mientras no se produzca un cambio de normativa, los afiliados a la Seguridad Social que se marchan a trabajar a Marruecos a administraciones o empresas españolas tienen que recibir en el país alauí la asistencia programada, ya que la atención de urgencias se le presta a cualquier persona, afiliado a la Seguridad Social española o no, y que cualquier trabajador español que necesite atención por un periodo medianamente prolongado puede disponer de la tarjeta de desplazado.

En todo caso, la subdirectora provincial recordó que cualquier español residente en Marruecos, pensionista o trabajador de alguna administración o empresa española, puede recibir allí la asistencia con cargo a la Caja Nacional española. Es más, quienes sean funcionarios en el extranjero, en virtud de una orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social español de 1982, pueden acudir a servicios médicos privados con la garantía de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social les reintegrará el importe de estos servicios una vez presentadas las correspondientes facturas.

Con todo, Álvarez admitió que en Marruecos no se dispone una sanidad pública con las prestaciones que tiene la española pero, adujo, “quien se desplaza a Marruecos lo hace voluntariamente”.

Obstáculos

Así las cosas, la dirección territorial del Ingesa se atiene a que se pueda producir un cambio de instrucción por parte del Gobierno. Aun así, Álvarez objeta que su aplicación resultaría compleja. “Primero tendríamos que saber de qué población estamos hablando, porque no es lo mismo atender a 150 que a 1.500 usuarios más. Si hemos de expedir más tarjetas sanitarias deberíamos recibir también los recursos económicos y humanos para poder prestarles asistencia sanitaria”, apuntó la subdirectora provincial.

Otra complicación que presentaría, a juicio de Álvarez, el prestar en Ceuta la atención sanitaria “demorable” a los trabajadores españoles en Marruecos es que sería imposible controlar por parte de los médicos la situaciones de lncapacidad Temporal del cotizante, ya que estas personas no residen en el mismo país donde el facultativo pasa consulta.

Por último, la subdirectora provincial se preguntó qué área exacta de Marruecos se consideraría a la hora de dar cobertura sanitaria programada a los trabajadores españoles que residan allí. “De qué población estaríamos hablando, de la que está a 40, a 150 kilómetros de Ceuta... Si se presta asistencia a un residente en Tetuán, ¿por qué habría de negársele a otro domiciliado en Casablanca”, inquirió.

Con todo, la responsable del Ingesa subrayó que “no tendrá inconveniente” en expedir tarjetas sanitarias a este colectivo si se produce alguna instrucción gubernamental.
 

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