La solución para los afiliados a la Seguridad Social
española que trabajan en Marruecos a la hora de recibir
atención sanitaria programada en Ceuta parece bloqueada
mientras el Gobierno no modifique la normativa vigente.
Desde el Ingesa se insiste en que la normativa actual exige
residir en la ciudad o comunidad autónoma donde se demanda
la asistencia médica para recibirla, y que la atención a que
tienen derecho en el país alauí es sufragada por la Caja
Nacional española.
La batalla de los afiliados a la Seguridad Social española
que trabajan en Marruecos para obtener su tarjeta sanitaria
y recibir asistencia médica programa en Ceuta sólo podrá
resolverse con un cambio de normativa impulsada desde una
instancia gubernamental.
Así de clara ha sido la subdirectora provincial del Ingesa,
Ana Álvarez, quien en declaraciones a EL PUEBLO recordó que
la tarjeta sanitaria, tanto en las ciudades autónomas como
en las comunidades autónomas que tienen las competencias
sanitarias transferidas, sólo se puede obtener con la
condición de residir en esa ciudad o comunidad.
De esta manera, Álvarez apuntó que, mientras no se produzca
un cambio de normativa, los afiliados a la Seguridad Social
que se marchan a trabajar a Marruecos a administraciones o
empresas españolas tienen que recibir en el país alauí la
asistencia programada, ya que la atención de urgencias se le
presta a cualquier persona, afiliado a la Seguridad Social
española o no, y que cualquier trabajador español que
necesite atención por un periodo medianamente prolongado
puede disponer de la tarjeta de desplazado.
En todo caso, la subdirectora provincial recordó que
cualquier español residente en Marruecos, pensionista o
trabajador de alguna administración o empresa española,
puede recibir allí la asistencia con cargo a la Caja
Nacional española. Es más, quienes sean funcionarios en el
extranjero, en virtud de una orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social español de 1982, pueden acudir a
servicios médicos privados con la garantía de que el
Instituto Nacional de la Seguridad Social les reintegrará el
importe de estos servicios una vez presentadas las
correspondientes facturas.
Con todo, Álvarez admitió que en Marruecos no se dispone una
sanidad pública con las prestaciones que tiene la española
pero, adujo, “quien se desplaza a Marruecos lo hace
voluntariamente”.
Obstáculos
Así las cosas, la dirección territorial del Ingesa se atiene
a que se pueda producir un cambio de instrucción por parte
del Gobierno. Aun así, Álvarez objeta que su aplicación
resultaría compleja. “Primero tendríamos que saber de qué
población estamos hablando, porque no es lo mismo atender a
150 que a 1.500 usuarios más. Si hemos de expedir más
tarjetas sanitarias deberíamos recibir también los recursos
económicos y humanos para poder prestarles asistencia
sanitaria”, apuntó la subdirectora provincial.
Otra complicación que presentaría, a juicio de Álvarez, el
prestar en Ceuta la atención sanitaria “demorable” a los
trabajadores españoles en Marruecos es que sería imposible
controlar por parte de los médicos la situaciones de
lncapacidad Temporal del cotizante, ya que estas personas no
residen en el mismo país donde el facultativo pasa consulta.
Por último, la subdirectora provincial se preguntó qué área
exacta de Marruecos se consideraría a la hora de dar
cobertura sanitaria programada a los trabajadores españoles
que residan allí. “De qué población estaríamos hablando, de
la que está a 40, a 150 kilómetros de Ceuta... Si se presta
asistencia a un residente en Tetuán, ¿por qué habría de
negársele a otro domiciliado en Casablanca”, inquirió.
Con todo, la responsable del Ingesa subrayó que “no tendrá
inconveniente” en expedir tarjetas sanitarias a este
colectivo si se produce alguna instrucción gubernamental.
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