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La Delegación del Gobierno defendió ayer las nuevas
exigencias administrativas que entraron en vigor el pasado 1
de diciembre para la importación de pescado desde Marruecos,
ya que gracias a estas medidas “se garantiza qué cantidad de
mercancía entra, a quién va destinada y si es de absoluta
calidad para su consumo por parte de los melillenses”.
Mientras la compra-venta de pescado vuelve a la normalidad
en nuestra ciudad, lo cierto es que el pasado sábado, los
melillenses volvieron a encontrar cerrados los puestos de
pescadería en los mercados y tiendas del sector.
El delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, explicó ayer a
preguntas de los periodistas que desde la institución que
dirige se han mantenido varias reuniones con los
representantes de los importadores de pescado y con los
propios pescaderos para explicarles las nuevas exigencias
administrativas que deben cumplir desde el 1 de diciembre en
la aduana a la hora de traer pescado de Marruecos para
venderlo en Melilla.
De este modo, en palabras de Escobar, la Delegación del
Gobierno “lo que ha hecho es clarificar a través de la
Delegación de Hacienda y la Jefatura de Aduana de la ciudad
que la medida que se está implantando no tiene ningún coste
económico y no supone una carga administrativa para las
personas que realizan esta actividad”.
Esto es posible gracias al compromiso de la Aduana de
“facilitar al máximo” el trámite de rellenar “una
declaración simplificada que no tiene ninguna complicación y
no tiene ningún coste añadido”, agregó.
Escobar insistió en que esta nueva exigencia tiene como
único objetivo “mejorar el control administrativo y
sanitario de la mercancía que entra en nuestra ciudad en
beneficio de todos los melillenses”.
Asimismo, avanzó que la Delegación del Gobierno “mantendrá
las reuniones que hagan falta para seguir explicando la
situación”.
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