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El Grupo CPM, a través de su diputado Abdelrahim Sellam,
denunció ayer que la Ciudad aplica criterios que conCluyen
con “agravios comparativos” a las empresas que realizan
actividad industrial en suelo rural sin autorización
especial. De esta manera, cepemista propuso la intención de
plantear una serie de criterios que permitieran resolver la
situación de ilegalidad que mantenían otras empresas que se
dedicaban a actividades iguales o similares.
El diputado local del Grupo Coalición por Melilla (CPM),
Abdelrahim Sellam, aseguró ayer que el Gobierno de la Ciudad
aplica criterios que concluyen con "agravios comparativos"
con las empresas que realizan actividad industrial en suelo
rural y que no han obtenido una autorización especial por
parte del Gobierno local.
Antecedentes
En este sentido, el cepemista recordó que los antecedentes a
las autorizaciones de los dos desguaces en suelo rural
-ocurrido en el Pleno Extraordinario del pasado jueves- fue
cuanto la Ciudad otorgó licencias a "cuatro supuestas
hormigoneras" que realizaban actividad industrial en terreno
rústico.
Además, rememoró que esta concesión de licencias
extraordinarias traían consigo tres condicionantes. La
primera estribaba en la utilización de terreno rural durante
un periodo de diez años, algo a lo que el Grupo CPM se opuso
porque antes debía hacerse la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).
De este modo, y puesto que la revisión se haría en dos años,
los cepemistas abogaban por que la concesión de los suelos
fuera para dos o tres años.
Otro de los condicionantes era que, como contraprestación,
las empresas autorizadas deberían abonar un canon por el
beneficio patrimonial que iban a tener al realizar
actividades industriales en suelo rural. "¿Se va a cobrar el
canon o no?", se preguntó Sellam, que adelantó que "nunca se
va a cobrar porque cualquier tipo de tributo no se puede
planificar con efecto retroactivo".
La tercera condición era la limitación de la autorización a
aquellas instalaciones constructivas y a aquellas
superficies terrenales que se destinaran estrictamente a la
actividad industrial. "A estas empresas no se les ha pedido
que derriben las instalaciones que no son utilizadas para la
actividad industrial ni se les ha limitado el exceso de
terreno del que disfrutan con esta autorización".
Criterios
Por todo ello, el diputado cepemista propuso plantear una
serie de criterios que permitieran resolver la situación de
ilegalidad que mantienen otras empresas que se dedican a
actividades iguales o similares. De este modo, explicó
Sellam, se definiría, por consenso, una serie de criterios
que, "avalados por el principio de interés público y
beneficio social", pudieran concretar las características
con las que se autorizaría la misma licencia para el resto
de las empresas.
En cualquier caso, señaló que ésta sería una "buena
oportunidad" para resolver la situación de otras empresas
que "tienen tanto interés público y beneficio social" como
las autorizadas y que, en su opinión, "necesitan también de
una licencia de estas características para poder realizar su
trabajo".
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coalición por melilla
