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A pesar de los avances llevados a cabo en nuestro país, los
desafíos en materia de discriminación y de violencia de
género a los que nos tenemos que enfrentar todavía son
enormes. Según el Consejo de Europa, entre el 20 y 25% de
las mujeres de la Unión Europea han sufrido malos tratos
físicos a lo largo de su vida. La violencia de género es una
lacra social que nos impide crecer como sociedad avanzada y
en la que toda la sociedad debe implicarse.
En España contamos con instrumentos legislativos capaces de
hacer frente a esta violencia, entre ellos destacaríamos la
Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora de la Orden de
Protección de las víctimas de Violencia doméstica y la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, sin
olvidar las leyes autonómicas destinadas a esta lucha.
Hace cuatro años todos los partidos políticos asumimos el
compromiso de aprobar por unanimidad una ambiciosa Ley
Integral contra la Violencia de Género que suponía un marco
legal adecuado para luchar contra esta lacra social. Sin
embargo, después de más de cuatro años transcurridos desde
la entrada en vigor de esta Ley y tras realizar un análisis
en profundidad sobre su funcionamiento, creemos que no ha
cubierto las expectativas generadas con su aprobación.
Desde el PP venimos manteniendo que la Ley Integral fue
desde el principio una ley muy ambiciosa, una apuesta del
Gobierno en la lucha contra los malos tratos, pero que
evidencia una serie de defectos estructurales, de
planificación inicial, especialmente en lo referente a los
Juzgados de Violencia, y sobre todo adolece del presupuesto
necesario, de los medios precisos para que pueda convertirse
en la solución a los problemas que padecen las mujeres
víctimas de violencia de género.
Y los hechos nos demuestran que todavía son muchas las
dificultades a las que las mujeres víctimas de violencia
deben enfrentarse para salir del ciclo de la violencia,
romper con el agresor e iniciar el itinerario judicial. Así
como las trabas y dificultades que todavía persisten, a la
hora de solicitar las ayudas sociales, laborales o de
residencia y la necesidad de mejorar las medidas preventivas
de sensibilización social, poniendo especial énfasis en la
educación y formación.
El PP viene de forma reiterada presentando iniciativas
tendentes a: mejorar la prevención, a través del incremento
de las medidas de sensibilización, educación y formación de
los profesionales que trabajan con las víctimas de
violencia, solicitar mayores medios y presupuesto para la
atención social a las víctimas y mejorar el itinerario
judicial por el que tienen que atravesar las víctimas que
deciden romper el ciclo de violencia y denunciar a su
agresor. También mantenemos una constante preocupación
respecto a la protección y seguridad de las víctimas con el
objetivo de la respuesta y terminar con el goteo incesante
de mujeres asesinadas a manos de sus parejas.
Y en esta fecha tan especial debemos destacar la necesidad
de mejorar el tratamiento a los menores en la Ley Integral,
víctimas directas de la violencia de género, los grandes
olvidados durante estos años de desarrollo y aplicación de
la ley Integral.
Se hace necesario empezar a trabajar de forma seria y
rigurosa en el apoyo de los menores para romper el ciclo de
la violencia. Porque es evidente que crecer en un ambiente
violento puede implicar asumir la violencia e, incluso,
reproducirla en el futuro.
Los menores que crecen en un hogar donde se ejerce violencia
de género son víctimas directas de dicha violencia. Unicef
considera la exposición a la violencia doméstica como una
forma grave de maltrato infantil que puede provocar en los
menores unas secuelas irreversibles y que los hijos de las
mujeres que sufren malos tratos tienen quince veces más
posibilidades de sufrir agresiones físicas y psicológicas
directas por parte del padre, incluidos abusos sexuales.
Y hoy, desde el PP, queremos reivindicar la necesidad de
mejorar la respuesta contra los malos tratos, la necesidad
de implementar adecuadamente las medidas previstas en la
Ley, la necesidad de mejorar los medios materiales y
personales de esta lucha, la necesidad en definitiva de
dotar de mayor presupuesto para la erradicación de esta
lacra social que nos impide continuar avanzando por la senda
del bienestar y del progreso social.
Y finalmente, lanzar un mensaje de esperanza y de ilusión a
las víctimas de violencia de género, para que se decidan a
salir del ciclo de la violencia, con el compromiso de todos
los hombres y las mujeres que formamos la familia popular de
acompañarlas, de apoyarlas y ayudarlas, y que sepan que no
están solas, que desde todos los rincones de nuestro país,
desde todas las instituciones que gobernamos seguiremos
trabajando para que el final de su calvario y el de tantas y
tantas mujeres esté cada día más cerca.
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OPINIÓN
/
MANIFIESTO
