La última sesión del juicio que trata la presunta trama de
narcotráfico desde Marruecos hasta Estepona estuvo dedicada
a las conclusiones e informes finales tanto de la acusación
ejercida por la representante del Ministerio Fiscal, que
mantuvo la petición de condena para los 12 acusados, como
por los seis letrados de la defensa, quienes se aferraron a
la presunta ilegalidad de las intervenciones telefónicas
para luchas por la libertad de los imputados.
Más de una docena de familiares y amigos, unos siete u ocho
agentes de la Policía Nacional, los seis abogados
defensores, la representante del Ministerio Fiscal y los
tres magistrados que componen el tribunal de la Audiencia
Provincial fueron los testigos de la última sesión,
concretamente la quinta, del juicio sobre la presunta trama
de narcotráfico desde Marruecos hasta Estepona, que se saldó
con doce detenidos y unos 1.500 kilos de hachís
interceptados en la costa malagueña en febrero de 2008.
Toda la vista se centró en las conclusiones y los informes
finales emitidos tanto por la acusación formulada por el
Ministerio Fiscal como por los letrados de la defensa,
quienes una vez más se aferraron a la presunta ilegalidad de
las intervenciones telefónicas sobre los móviles de algunos
de los imputados para criticar que la investigación
estuviese “contaminada” por sospechas “de la UDYCO de Ceuta
que poco ha investigado y sólo se ha dedicado a escuchar y
dar por sentadas las bases de un operativo de narcotráfico”.
Sin embargo, la fiscal mantuvo las peticiones de condena por
el presunto delito contra la salud pública, la receptación y
la falsedad documental. Penas que varían en función de la
participación que la fiscal atribuye a cada procesado dentro
de lo que calificó como “organización” atendiendo a los
atestados y las pruebas aportadas por los agentes de la
UDYCO, encargados de la investigación y las diligencias
previas de esta causa. A este respecto, los abogados
lanzaron un feroz alegato insistiendo en la indefensión de
los imputados como consecuencia de haber incluido durante
las sesiones de juicio oral nuevas pruebas que se derivaban
de ese procedimiento anterior por el que nació esta causa.
“Esa primera intervención desencadenó escuchas posteriores,
muchas de las cuales carecía de autorización judicial o
prórroga, con lo cual se han vulnerado derechos
fundamentales como la intimidad y el secreto de las
comunicaciones cuando además el juez instructor, que no
debía ser competente puesto que los hechos ocurrieron en
Estepona, no ejerció el control efectivo sobre las
actuaciones”.
Una vez más, los letrados cuestionaron la legitimidad de
todas las pruebas aportadas con una conclusión final: “la
grabación de la primera intervención por la que comenzó esta
causa no está en ningún CD, ni en las diligencias, ni nadie
la tiene por lo que no existe una prueba de cargo por la que
sustentar la acusación”.
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Reconstrucción de los hechos de la operación ‘Transpor’
Los hechos denunciados tuvieron
lugar en febrero de 2008, cuando los agentes de la UDYCO en
colaboración con otros cuerpos de Málaga interceptaron un
alijo de alrededor de 1.500 de hachís en una playa de
Estepona. Un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera
siguió el recorrido de una lancha neumática desde Marruecos
hasta Málaga en la que supuestamente viajaban tres de los
acusados con los fardos. En la costa, esperarían otros
participantes para desembarcar el alijo y trasladarlo a una
furgoneta que esperaba en un callejón. Mientras tanto, otras
tres personas actuarían como vigilantes en las inmediaciones
de la zona y un cuarto sujeto pilotando un vehículo negro
realizaría batidas por los aledaños de la playa, en compañía
del supuesto co-organizador de la operación. El presunto
‘cabecilla’ del grupo sería el encargado de controlar a
través del móvil todos los movimientos aunque en una zona
alejada del dispositivo; teléfono intervenido por la UDYCO.
Varios sujetos fueron detenidos en la playa, otros en la
habitación de un hotel, varios en las inmediaciones y dos de
ellos, en Ceuta días después. Tesis de la historia
reconstruida por la Fiscalía.
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