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ACTUALIDAD - LUNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2009


francisco márquez. archivo.

declaraciones
 

Márquez: “La corrupción afecta a todos los partidos, pero en el PP reaccionamos”

El portavoz del Partido Popular de Ceuta asegura que el Gobierno de Vivas aplicará “desde ya” todas las medidas en las que tiene competencias de las propuestas planteadas por Rajoy

CEUTA
Gonzalo Testa / Agencias

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Partido Popular de Ceuta como formación que sustenta el Gobierno de la Ciudad Autónoma se siente “directamente conminado” por las cincuenta medidas que incluye el pacto anticorrupción que Rajoy ha lanzado este fin de semana a los partidos políticos y las aplicará “desde ya” siempre que tenga competencias.

El Gobierno de Juan Vivas no esperará a que el PSOE y el resto de partidos políticos respondan a la oferta que, en forma de acto por la Transparencia y contra la Corrupción, le lanzó Mariano Rajoy este fin de semana al término de la XV Intermunicipal del PP, que se celebró en Sevilla. “El PP de Ceuta, como sustento del Gobierno local, se siente directamente conminado por el espíritu de esta propuesta y aplicará su contenido en el ámbito de nuestra competencia y responsabilidad sin ninguna excusa”, avanzó ayer el portavoz de la formación en la ciudad autónoma, Francisco Márquez.

El también consejero de Hacienda no tuvo empacho en hacer propósito de enmienda y en asumir que el barro de la corrupción ha salpicado a su partido.

“Las irregularidades nos afectan a todos, pero en el PP nos planteamos la política como un ejercicio noble que exige una reacción inmediata como la que hemos presentado en Sevilla”, destacó Márquez, quien alabó lo “amplio” y “minucioso” del catálogo de medidas presentado por su presidente a nivel nacional.

“La corrupción”, abundó el consejero en ese argumento, “preocupa e incide en todos los partidos; lo que nos corresponde es abordar el problema y nosotros queremos hacerlo como un partido unido y limpio”.

En su Pacto contra la Corrupción el PP propone desde prohibir la recepción de regalos hasta la necesidad de dar más peso técnico que político a la gestión de los temas urbanísticos, publicar las retribuciones íntegras de los cargos electos y personas de su confianza, y reducir gastos de protocolo, coches y móviles en la Administración local.

“Todo aquello que esté en nuestras manos se aplicará desde ya en la Asamblea ceutí, aunque hay medidas que nos exceden y que exigen, en algún caso, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, como la de reforzar las funciones de figuras como Intervención o la Secretaría General”, explicó el portavoz del PP ceutí.

La financiación local, ya

Para ya reclamó también Márquez, como su partido a nivel nacional, la reforma del sistema de financiación local, a través del cual Ceuta recibe actualmente unos 11 millones de euros. “El Gobierno socialista se comprometió a abordarla junto a la autonómica y ahora parece hacer dado marcha atrás pese a la crítica situación por la que atraviesan muchas entidades locales debido a los servicios extra que se han visto obligadas a asumir y prestar a su ciudadanía sin contraprestación económica”, incidió el consejero, que elogió el “marcado carácter estatal” de las propuestas salidas de la Intermunicipal de su partido, a la que no dudó en referirse como “una cita que por su contenido quedará para el recuerdo”.
 


Más claridad en Urbanismo y menos dispendios en protocolo

El pacto que ofrece el PP al resto de partidos prevé que se ofrezca publicidad específica en todo lo relativo al planeamiento urbanístico y sus modificaciones (incluyendo convenios urbanísticos, cambios de propiedad, recalificación y plusvalías derivadas del suelo) y que se modifiquen las comisiones regionales y provinciales de ordenación del territorio y urbanismo para sustituir a los políticos por personas con perfil técnico. Igualmente, demanda que se reduzcan los gastos de protocolo, que se racionalice “el uso de vehículos del parque móvil y que se limite “el gasto en teléfonos móviles, publicidad y viajes”. Asimismo, propone que se incorpore al Pacto Antitransfuguismo la prohibición de que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en los gobiernos locales.
 

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