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Una vecina de la barriada Príncipe Alfonso, que reside con
su hijo de nueve años en una vivienda heredada y
completamente inhabitable, lleva meses intentando recabar el
apoyo de las administraciones para que le proporcionen una
casa digna o un trabajo para poder acometer la reforma de su
maltrecho inmueble.
Heredó de su familia una vivienda en la calle Este de la
barriada Príncipe Alfonso que hoy está devorada por roedores
y parásitos, calada de humedad y en unas condiciones de
insalubridad que la hacen prácticamente inhabitable. Fátima
Layachi y su hijo de nueve años busca la ayuda de las
instituciones para dignificar su hábitat.
Las circunstancias no le son favorables. Sin trabajo, la
mujer y su vástago sobreviven con los 250 euros al mes que
les deja el Ingreso de Inserción Social (IMI). Su petición,
que ha traslado a muy diferentes administraciones, en la
última ocasión a la Consejería de Presidencia, es que le
ayuden a arreglar su casa o, incluso mejor, que se le
facilite un trabajo para poder acometer las reformas por sí
misma.
Fátima Layachi se queja de que los Servicios Sociales son
incapaces de prestarle una ayuda eficaz. “Sólo me ofrecen
muebles, pero yo necesito techo, no muebles. Y mi pregunta
es: ¿En vez de comprarme un armario, o una cama, o una
nevera, no podrían ayudarme a quitar las goteras de mi casa,
la humedad y las ratas?”, inquiere en su última misiva a la
Ciudad Autónoma.
La situación de la familia Layachi resulta apremiante y de
difícil solución, tratándose de un inmueble de su propiedad.
“Los peritos aseguran que el arreglo cuesta 48.000 euros”,
se lamenta mientras reclama su derecho, como ciudadana
española, a contar con una vivienda digna.
Layachi sigue relatando su calvario y asegura que ni en
pleno otoño se atreve a cerrar las puertas de ventana de la
vivienda por lo insoportable que resulta el hedor de la
humedad.
La afectada se queja de que sus reclamaciones siempre caen
en saco roto. Ninguna autoridad contesta a sus cartas y los
funcionarios de todas las administraciones a los que ha
expuesto su situación le replican que el arreglo de la
vivienda, tratándose de su propiedad, sólo a ella le
corresponde.
Se enjuga las lágrimas mientras se niega a que su hijo, con
tan corta edad, tenga que vivir en “condiciones
infrahumanas”. Sin embargo, no desfallece en el intento.
“Como ciudadana española tengo derecho a tener una vivienda
digna. Por eso espero, por favor, que pongan interés en mi
caso”, concluye el último escrito remitido por la afectada a
la Consejería de Presidencia.
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