Dos años de prisión y la inhabilitación del derecho de
sufragio pasivo fueron las penas dictadas por los
magistrados de la Audiencia para una mujer que reconoció ser
la autora de un delito contra el derecho de los ciudadanos
extranjeros. Los hechos se produjeron el 30 de junio en el
embarque de pasajeros de la Estación Marítima cuando la
acusada viajaba junto a tres de sus cuatro hijas, y otra
joven marroquí que portaba el pasaporte de su cuarta hija;
por lo que los agentes de la Policía Nacional la
interceptaron. La pena privativa de libertad fue sustituida
por la condición de no delinquir en dos años ni regresar a
Ceuta durante dicho periodo.
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