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El Gobierno de la Ciudad ha decidido finalmente que hoy
interpondrá una denuncia por la vía penal contra los autores
del vídeo grabado de manera oculta y contra quienes
montaron, difundieron y distribuyeron las imágenes que
acabaron ‘colgadas’ en el portal de internet ‘youtube’. La
acción judicial que iniciará esta mañana la Ciudad se debe
al informe que los servicios jurídicos han realizado al
respecto de este asunto y del que ya dio conocimiento el
propio presidente Vivas.
Definitivamente, lo que el pasado miércoles estudiaban los
servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma, se convertirá a
lo largo de esta mañana en un hecho. El presidente del
gobierno autónomo de Ceuta, Juan Vivas, ha dado luz verde
para que se presente una denuncia por la vía penal contra
los autores de las grabaciones y contra quienes han
participado en el montaje y en la difusión y distribución de
los videos que se han hecho público a través del portal
‘Youtube’ y que más tarde recogieron otras webs de
información general.
En una nota de prensa enviada desde el Gabinete de
Presidencia se indica que la denuncia, que se presentará en
esta mañana en los juzgados ceutíes, va dirigida tanto
contra la pareja autora de las grabaciones, formada por
Carlos Martín López e Inmaculada Román Sánchez, que se
autoidentifican en el montaje como los autores de la
captación de imágenes, como contra cualquier persona que
estuviese implicada tanto en el montaje aparecido en la red,
así como en su difusión y distribución, se indica desde la
Ciudad.
Los servicios jurídicos indican que el artículo 197 del
Código Penal en su apartado 1 establece lo siguiente: “El
que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de
otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles,
cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros
documentos o efectos personales o intercepte sus
telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha,
transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la
imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será
castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y
multa de doce a veinticuatro meses”.
Los técnicos jurídicos, en su informe, revelan que en este
mismo artículo (el 197), en su tercer apartado señala que
“se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se
difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos
descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los
números anteriores” (en referencia al antes mencionado
primer apartado y al segundo, dedicado este último a quien
“se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero,
datos reservados de carácter personal o familiar”).
Hasta las últimas consecuencias
Ante la decisión que se ha adoptado, el Ejecutivo quiere
anunciar, asimismo, que seguirá ejerciendo hasta las últimas
consecuencias cuantas acciones legales considere oportunas
ante este “ataque intolerable”, o cualquier otro, con el que
no se pretende otra cosa que “minar el buen nombre del
presidente de la Ciudad y de su Gobierno”.
Por otro lado, tal y como se refirió el presidente en su
última conparecencia de prensa, se indica expresamente que
ningún miembro del Gobierno en relación a este caso “ha
vulnerado ningún procedimiento legalmente establecido ni ha
infringido principio moral o ético alguno”.
En el comunicado de prensa recibido en la redacción a
primera hora de la tarde de ayer, se indica una vez más que
“el Gobierno quiere manifestar que seguirá estando al lado
de los ciudadanos, escuchando sus preocupaciones y sus
problemas”. Y se hace especial referencia a que este asunto
“no va a suponer una renuncia a esta obligación moral”
porque -defienden desde el Ejecutivo de la Ciudad- “en
ningún caso tiene por qué entrar en colisión con la
legalidad”.
En cualquier caso, el gobierno que preside Juan Vivas
insiste, a través de sus portavoces, que “la mejora de la
calidad de vida de los ceutíes y el desarrollo de Ceuta
seguirá siendo el objetivo que guíe la acción de este
Gobierno”, recalcan tras dejar el asunto en manos de la
Justicia.
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La Fiscalía deberá estudiar el caso y actuar si halla
indicios de delito
La denuncia que hoy interpondrá,
por la mañana, el Gobierno de la Ciudad por la grabación con
métodos ocultos de un vídeo que además, con el tiempo, ha
sido difundido públicamente caerá en manos de la Fiscalía
que ahora analizará, dado que no ha ejercido de oficio, si
lo que concurren en estos hechos forman parte de lo
prevenido en el Código Penal según lo han interpretado los
servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma que se ha basado
en el articulo 197 del CP para presentar una querella por
vulneración de la Ley con la intención de menoscabar la
imagen pública tanto del presidente del Gobierno ceutí como
de su Ejecutivo utilizando para ello argucias que se han
considerado atentatorias contra el prestigio y el buen
nombre de los que han sido señalados como ejecutores de
supuestas irregularidades.
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crisis en el gobierno de ceuta
