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OPINIÓN - SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2009

 
OPINIÓN / EDITORIAL

Manzanas

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a dos policías locales a un año de cárcel y a ocho de inhabilitación por torturas a un detenido no debe servir, de ninguna manera, para minar la imagen de un Cuerpo que desarrolla una labor encomiable cada día en las calles de la ciudad autónoma para velar por la seguridad de todos los ceutíes. Al contrario, la sociedad debe congratularse de que el sistema democrático y jurídico del que los españoles nos dotamos hace ya tres décadas funciona como debe. Más allá de cualquier corporativismo hay comportamientos que, oído el veredicto del Tribunal, deben ser reprobables por todos para poder seguir viviendo con las garantías adecuadas.
 

La atención sanitaria, en continuo debate

El ambulatorio del Tarajal volvió a ser ayer escena de otra imagen nada gratificante para lo que debe es un servicio esencial a la ciudadanía, el sanitario. Más allá del debate alrededor de si son uno, dos o tres los especialistas que trabajan en ese centro de salud el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) debe asumir el descontento que existe, en líneas generales, reconocido expresamente como carencia por la Administración local, con este asunto en la ciudad autónoma. Y pedir al Estado que aporte los recursos humanos o materiales necesarios para que los ceutíes puedan disfrutar de una sanidad pública en equidad de condiciones con cualquier otro español. Es un derecho inexcusable que el Gobierno central está obligado a garantizar.
 

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