sociedad - JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2009

CEUTA
Gonzalo Testa
ceuta@elpueblodeceuta.com

“Un canto a la solidaridad”. Así describe el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Antonio Torres la ponencia con la que ayer participó del acto de inauguración formal del año académico en el Centro de la ciudad autónoma, titulada ‘El valor ético de la Democracia’. Durante una hora Torres analizó los problemas que han surgido a lo largo de la Historia entre la Ética y la Política y entre el ejercicio de este poder y el Derecho hasta llegar a la actualidad. Ahí se paró en el caso español, para el que pide operaciones “más que estéticas” en la normativa jurídica y una voluntad común de “moralizar” la cosa pública.

Pregunta.- ¿Cuál es el valor ético de la democracia?

Respuesta: Es una cosa bastante compleja de resumir. Debemos analizar el problema de la relación entre la ética y la política y entre el poder político y el Derecho. No solamente la ética tiene un valor democrático, sino que la democracia también tiene un valor ético. La democracia, en principio, está destinada a ser una guía ética del ciudadano en su comportamiento.

P.- ¿Está siendo así aquí y ahora, en España y en nuestros días?

R.- Rotundamente no. La democracia no está siendo una guía ética del ciudadano. Asistimos a una manifiesta desmoralización de la ciudadanía a la vista del comportamiento de los partidos políticos y de las instituciones. Es tremendamente nocivo desde el punto de vista ético porque una ciudadanía desmoralizada es presa fácil de aventuras poco morales. Se propaga el ‘ya que todo está tan mal, a ver si arreglo lo mío’. En esa actitud tienen una gran responsabilidad los dirigentes políticos, pero no sólo ellos. El ciudadano también tiene que reaccionar porque tiene su cuota de responsabilidad.

P.- ¿Esa falta de ética es responsabilidad del político como individuo o también del sistema?

R.- La responsabilidad siempre es de las personas, pero si el sistema está bien diseñado se dificultan esas actitudes. Si tiene grietas como el nuestro, en el sistema electoral, en los reglamentos parlamentarios, al contrario. No es sólo la actitud de las personas, sino también el sistema. En España fallan las dos cosas, pero, afortunadamente, aunque nos estamos acercando, aún no hemos llegado a una italizanización, a una berlusconización, de la vida política.

P.- ¿Hay diferencias por niveles: municipal, autonómico, nacional?

R.- Más o menos igual. La política municipal está más a pie de obra y por tanto la corrupción se visualiza mejor que en las altas esferas estatales, pero ello no quiere decir que en estas no exista, incluso en connivencia con las primeras. La responsabilidad es solidaria. Uno no puede decir que lo que tiene alrededor no le importa y que va a lo suyo. Una nación es una unión solidaria, y si no lo es.

P.- ¿Cómo entendemos al político condenado que sigue ganando elecciones por mayoría absoluta?

R.- Como una desgracia política y ciudadana.

“La responsabilidad es de todos”

P.- ¿Qué opina del papel de los medios, que son quienes se encuentran en medio?

R.- La responsabilidad nos atañe a todos.

P.- ¿No está fallando también el Derecho, encargado de sancionar esa falta de Ética?

R.- No se trata de que nos guiemos por reglas morales. La norma jurídica es el intermedio entre el ejercicio del poder político y el resultado final de la moralización o no de la sociedad. La vía de arreglo, si la hay, pasa por ahí, por tapar las grietas existentes.

P.- ¿Las normas vigentes no son lo bastante útiles o no se están utilizando tan bien como se debiera?

R.- Ambas cosas. Hay normas que podrían aplicarse mejor, sí, pero hay otras que presentan taras en sí mismas: el sistema electoral, la financiación de partidos políticos... Están pensadas para conservar y afianzar lo que hay.

P.- Puestos a cambiar, ¿habría que empezar remozando la norma fundamental, la Constitución?

R.- Nuestra Carta Magna no es técnicamente peor que la alemana, la italiana o la francesa, por citar sólo tres de nuestro entorno. La diferencia es que estas se han ido adaptando a las circunstancias y la nuestra no. Se retocó, casi de tapadillo, en 1992 y nada más. Así, actualmente tiene partes como el Título VIII, en lo que se refiere al desarrollo autonómico, que ya es letra muerta. Por otro lado, apenas se refiere a la regulación de los asuntos medioambientales. Contiene elementos como el del acceso a la Corona o el de dejar resquicios que permitirían instaurar la pena de muerte que deberían ser corregidos. Se puede modificar sin que sea una mera operación estética y sin dejar de ser un sistema monárquico, parlamentario, autonómico y democrático, pero propiciando un funcionamiento mejor.

P.- ¿Y por qué no se hace?

R.- Porque la clase política tiene un miedo cerval e irracional a hacerlo. En Francia se ha hecho veinte veces. En Austria, más de 100. En Alemania, más de 60. Y no pasa nada. La nuestra no parece una visión correcta del papel que la Constitución debe cumplir.