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Alargo plazo la Seguridad Social tiene dos graves problemas,
derivados, por un lado por el incremento de la esperanza de
vida de los españoles que ha sido de más de 20 años en los
últimos 50 años y por otro lado por el método de cálculo y
requisitos para fijar el importe de una pensión de
jubilación. En ambos casos es preciso un amplio y profundo
debate, en el seno del Pacto de Toledo, que permita
garantizar el futuro del sistema de pensiones, pero parece
que inevitablemente habrá que elevar la edad de jubilación
y/o modificar el método de cálculo de las pensiones que
posibilite atemperar esos valores. Tampoco se puede olvidar
la mejora y racionalización de los planes de pensiones
privados que puedan servir de complemento al sistema
público. Todo este planteamiento realizado hasta ahora, está
siendo mantenido por la vía de financiación del déficit, a
través de la constante emisión de Deuda Pública, que se
calcula que al final del presente año alcanzará la
escalofriante cifra de 760.000 millones de Euros. ¿Puede
España mantener esto indefinidamente? Ciertamente no, sobre
todo porque la banca española, que en gran medida esta
comprando esa Deuda Pública, limitando a su vez la
financiación a empresas y particulares, estan llegando al
techo de esa financiación y cuando España recurra a los
mercados internacionales de capitales se va a encontrar con
graves problemas de colocación de esa Deuda lo que a su vez
hace aparecer con toda gravedad el problema de la quiebra
del Estado. De llegarse a esta situación, que en mi opinión
será en un plazo no superior a dos años si no se toman
medidas adecuadas, la quiebra del Estado dejará de financiar
a gran parte de nuestra economía y ésta se puede colapsar
como si se tratara de una estructura de fichas de dominó o
un castillo de cartas. Por último, que medidas se puede
tomar para procurar la reactivación económica, volver a la
senda de al menos el equilibrio presupuestario, y evitar así
este sombrío panorama. Ciertamente esto es lo mas complicado
y difícil, pero apuntemos algunas que pueden contar con un
cierto grado de consenso: - La Administración Pública deberá
someterse a un análisis de racionalización de sus recursos
en su estructura y en su funcionamiento, con el objetivo
esencial de conseguir ahorros muy importantes en la gestión
de su Ppto. En estos momentos de crisis económica, vemos y
oímos en los medios de comunicación la necesidad de realizar
fusiones de empresas, especialmente en el sector financiero,
avalados por la imperiosa necesidad de ahorrar y
racionalizar los recursos ante las consecuencias de la
crisis tanto por la morosidad como por la disminución del
propio negocio. Sin embargo estas llamadas a la
racionalidad, realizadas en la mayoría de los casos por el
poder político, no se mira así mismo a la hora de valorar
como la administración autonómica ha ido aumentando y
multiplicando por 19 las consejerías y sus estructuras
administrativas, duplicando funciones y creando burocracia.
Igualmente, se tendría que eliminar el gasto derivado de la
creación de Organismos, Instituciones, etc., que a veces no
tiene mas justificación que el clientelismo político.
- Habría que establecer mecanismos de copago en ciertos
servicios públicos, sanidad, educación, etc. que permitan la
racionalización de la demanda de sus servicios así como
suponga una ayuda a su financiación. No obstante siempre se
tendrá que valorar aquellos colectivos de especial
protección, a quien no deben afectar estos cambios.
- El incremento de impuestos, ya anunciado, tiene que venir
acompañado por una rebaja significativa de las cotizaciones
sociales, lo que supondría una mejora en la productividad de
las empresas y en su capacidad de competir en los mercados
exteriores.
- El tan aireado cambio de modelo productivo, solo puede
estar referido a la incorporación a Sectores de tecnología
avanzada, lo que unido a grandes esfuerzos por mejorar la
formación de los trabajadores, redundara en la mejora de la
productividad de las empresas.
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OPINIÓN
/
COLABORACIÓN
