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El denominado caso “Faisán”
conocido por la opinión pública en los últimos días tras la
publicación de los hechos investigados en algunos medios de
comunicación, debe su nombre al Snack-Bar Faisán, ubicado en
Irún, lugar de reunión de quienes trabajaban tanto a favor
como en contra de la banda terrorista ETA tras la llegada al
Gobierno del país del partido socialista.
Debemos remontarnos al 4 de mayo de 2006, seis semanas
después de iniciarse el llamado proceso de paz, cuando el
Ministerio del Interior se disponía a comunicar el cese de
toda actividad de la banda terrorista a pesar de que estos
continuaban con sus labores de financiación a través de la
extorsión al tejido empresarial. Presuntamente, un supuesto
policía entregó un teléfono móvil a uno de los principales
implicados en la red financiera de ETA a través del cual
recibió una llamada que alertaba a los terroristas de que la
policía iba a por ellos.
Diferentes pruebas recogidas por los investigadores
policiales llevadas a cabo por Policía y Guardia Civil en
relación al entramado de extorsión han señalado como
principal hipótesis, desde el minuto uno de este escándalo,
el que el chivatazo tenía como objetivo impedir una
operación contra la banda que podía poner en peligro el
dialogo entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y
los dirigentes de la banda armada señalando a un mando
policial de la lucha antiterrorista como principal
sospechoso. Un agente condecorado por el Ministerio del
Interior en tres ocasiones con un distintivo que significa
un incremento salarial bruto del 15%.
Aunque, la gravedad de los hechos radica en que los
investigadores de la Guardia Civil recibieron,
presuntamente, datos erróneos del mencionado jefe policial
con la intención de que no avanzaran en sus averiguaciones
por órdenes de superiores políticos. Circunstancia agravada,
posteriormente, al quedar excluidos de la investigación por
orden expresa tras la incorporación del magistrado
“estrella” de la judicatura española a las investigaciones
judiciales.
En definitiva, gravísimos hechos sucedidos hace años, que
extrañamente han sido desatendidos por las instituciones
implicadas en su esclarecimiento recibiendo incluso, la
petición de archivo de las mismas por parte de una fiscalía
muy activa en otros casos. Por tanto, la ciudadanía podría
deducir presuntas ingerencias políticas en los casos
judicializados conocidos en los últimos meses.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
