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La Comisión Local de la Vivienda
estudiará durante la próxima semana el establecimiento de un
cupo especial de viviendas protegidas para cónyuges
separados que no pueden seguir viviendo en sus domicilios
familiares. Se trata de una reivindicación antigua de la
Asociación de Padres de Familia Separados (APFS) que no debe
entenderse, y así lo hace la Ciudad Autónoma, desde el punto
de vista del sexo de quien sale de su antigua casa en
sentido restrictivo, sino abierto a cualquiera de los dos.
El primer deber de cualquier Administración es poner en
marcha políticas que atiendan a los problemas, siempre
cambiantes como la propia sociedad, de los ciudadanos a
quienes sirve. A nadie escapa que cada vez es mayor el
número de parejas que deciden poner fin, después de
cohabitar en un mismo domicilio, a sus relaciones. Aunque
hay quien opina que la burbuja inmobiliaria que disparó los
precios de los techos hasta extremos insoportables para la
mayor parte de la ciudadanía, el de acceder a una vivienda
sigue siendo uno de los problemas más difíciles de
solucionar a los que se enfrenta cualquier persona. Hace ya
cuatro años que el Gobierno local se dio por enterado de
esta circunstancia e hizo el primer movimiento en forma del
establecimiento de un cupo de pisos para madres y padres
separados o divorciados, un gesto que se repetirá en
próximas promociones para atender “a los ciudadanos que no
pueden hacer frente a los gastos”.
Obviamente, a la hora de escoger a los beneficiarios se debe
ser especialmente cuidadoso para no caer en ninguna
estratagema personal que distraiga los objetivos de la
medida, auxiliar a quien realmente no puede hacer frente en
solitario a la disposición de una casa, pero el mero hecho
de haber pensado también en este colectivo, además de en los
de discapacitados, mayores o jóvenes, es un gesto que honra
y pone de manifiesto la diligencia con la que la Empresa
Municipal de la Vivienda (EMVICESA) trata de este tipo de
reservas de viviendas para los más necesitados.
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OPINIÓN / EDITORIAL
