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El secretario general de Justicia se sentará hoy con los
sindicatos para negociar las bases de la Relación de Puestos
de Trabajo ante las quejas del colectivo tras la aprobación,
el pasado jueves, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta queja expresada desde los sindicatos se traducía en las
funciones del trabajador.
Días antes de que el Congreso de los Diputados aprobase la
nueva Ley Orgánica del Poder Judicial el pasado jueves, la
Unión General de Trabajadores (UGT) en materia de Justicia,
exigió al Ministerio la retirada del texto literal del
artículo 521 de la Ley argumentando que iba en contra de los
derechos de los trabajadores al impedir que en la creación
de la relación de puestos de trabajo de los órganos
judiciales no se establecieran las características
esenciales de la ocupación del mismo, lo que implicaría que
en la nueva Oficina Judicial los trabajadores desconocieran
el desempeño diario de sus funciones.
Por ello, y ante el malestar expresado por los sindicatos
tras la aprobación de la misma el pasado jueves, el
secretario de Justicia y el colectivo se sentarán hoy para
negociar las bases de la Relación de Puestos de Trabajo (RPY).
Según lo adelantado por la responsable federal del sindicato
de Justicia de UGT, Victoria Carrero Díaz, “el secretario de
Justicia, a órdenes del ministro Francisco Caamaño, se ha
comprometido a plantear la reforma de la Ley en un breve
espacio aunque tendremos que analizar cuales son los puntos
a tratar en la negociación de la RPT”, explicó Carrero,
quien añadió que todos los sindicatos pedirán la inclusión
en la reforma de dicha ley del apartado características del
puesto de cada funcionario. Además, y ante los cambios que
se producirán con la entrada en funcionamiento de la nueva
Oficina Judicial, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha
solicitado al Ministerio volverá a reiterar una “negociación
real” de la carrera profesional así como las bases de la
convocatoria de las oposiciones.
Todas estas reivindicaciones representan el previo a la
entrada en vigor del Plan Operativo Interanual 2009 para
modernizar la Justicia, en el que el Gobierno invertirá un
presupuesto que asciende a 218 millones de euros. Este plan
contempla 45 actuaciones que se llevarán a cabo hasta
finales de diciembre y que consistirán en la mejora e
introducción de medios tecnológicos, comenzando las
actuaciones de coordinación con las Comunidades Autónomas
transferidas hasta finales de este año.
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